La contratación de la vigilancia para los colegios públicos de Caldas (diferentes de Manizales) tuvo un cambio sustancial en el 2016, sobre todo en tiempos, así: Pasó de ser adjudicado por meses a tres años y medio y hasta cuatro años.

El secretario de Educación departamental (2016-2019 y 2020-2022) Fabio Arias (hoy rector de la Universidad de Caldas) planteó que la decisión obedeció al propósito de garantizar el servicio desde el comienzo hasta el final del año.

El mismo funcionario argumentó, en su momento: “También para evitar el desgaste que conllevan los procesos de licitación cada año. Debemos estar más concentrados en la calidad educativa”.

Eso significa varias cosas. Los contratos resultan multimillonarios con más plazo de ejecución. Y de 10 años para acá rebajó el número de colegios cubiertos con vigilancia, al igual que la cantidad de celadores.

Por ejemplo, el otorgado para el 2015 por nueve meses de ese año a la empresa Seguridad Superior, de Bogotá, fue por $10 mil 200 millones y al año siguiente se adjudicó uno de $26 mil millones por tres años y medio (2016-2019) a la Unión Temporal SA Caldas.

Para el periodo siguiente, es decir 2020-2024, surgieron críticas. Fue por $32 mil 386 millones por tres años y cuatro meses.

Camilo Gaviria, diputado para esa época, expuso: “... no hay necesidad de prestar un contrato por cuatro años. Fue adjudicado a un solo oferente que se presentó y dicen que eso es normal. A todo el mundo le parece sospechoso menos al gobernador”.

Por la planificación

Camilo Vallejo, director en ese tiempo de la Corporación Cívica de Caldas, dijo: “Nos preocupa que este tipo de contratos deje tan poquitos oferentes. No necesariamente se contrata al mejor o al más económico. Se da porque las condiciones fueron tan cerradas que impiden la participación de otras personas... El problema no es de años, sino de la planificación que se tiene que permite que así sea...”.

El secretario General de la Gobernación en ese periodo era Alberto Hoyos. Aseguró que en enero del 2020 solicitaron vigencias futuras para la eficiencia y eficacia para la vigilancia, el aseo, compra de tiquetes aéreos y outsourcing por cuatro años.

“Esos contratos todos están supervisados por la Superintendencia de Vigilancia y ellos fijan unos precios para la prestación de servicios de cada vigilante, y de acuerdo con eso no es viable variar la prestación de ese servicio”.

El año pasado los 14 diputados de la Asamblea aprobaron por unanimidad la autorización a la Gobernación para echar mano, de nuevo, de vigencias futuras para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada y monitoreo en las sedes de las instituciones educativas.

El contrato es hasta el final del 2027 por $42 mil 812 millones. John Alexander Alzate, secretario de Hacienda departamental, expresó que así se garantiza la seguridad de todos los niños y jóvenes que asisten a estudiar.

El secretario de Educación actual, Luis Herney Vargas, manifestó que la duración del contrato depende de la disponibilidad presupuestal, los procesos de contratación pública y la planificación financiera.

"En ocasiones, se suscriben contratos de menor duración mientras se adelantan procesos licitatorios o se espera la asignación de recursos adicionales por parte del Ministerio de Educación u otras entidades", finalizó Vargas.

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