Quién iba a pensar que un proyecto de ordenanza para fijar e incrementar el salario de los funcionarios de la Contraloría de Caldas generaría una discusión que, partiendo de lo jurídico, terminara con matices personales y políticos. Comparto aquí mis argumentos.

El pasado 9 de julio, la Mesa Directiva de la Asamblea citó a la socialización del proyecto de ordenanza N°033. La presentación fue realizada por la subcontralora departamental, lo que generó molestia entre varios diputados, incluyéndome, ya que lo expuesto carecía de respaldo jurídico sólido. Por esa razón se solicitó una nueva socialización, esta vez con la presencia del contralor departamental.

La sesión fue programada para el lunes 14 de julio. Antes de ingresar al recinto, el contralor de Caldas, Juan Carlos Pérez, me abordó en relación con mis apreciaciones del 9 de julio, cuando señalé que lo presentado era una leguleyada y que, por ello, consideraba necesario un concepto de los asesores jurídicos de la Asamblea.

Durante ese intercambio, el contralor sugirió que mis comentarios tenían motivaciones políticas o personales, argumentando que no me había apoyado en las elecciones del 2023. Le respondí con claridad: Ese tipo de consideraciones no hacen parte de mi actuar, y, de hecho, yo voté a favor de su elección como contralor de Caldas.

La sesión se inició y, con ella, algunas intervenciones desafortunadas. El contralor afirmó que mi asesor jurídico era un funcionario de la misma Contraloría, lo cual es incorrecto. He estudiado este proyecto con el diputado Jorge Hernán Aguirre González, ponente de la iniciativa.

En medio del debate, expresé: “Si nos vamos a dar madera, nos damos”, en referencia a que la discusión debía centrarse exclusivamente en lo jurídico, dejando de lado cualquier interpretación política o personal.

Sigo convencido de que el contralor tiene la facultad de incrementar el salario de los funcionarios mediante acto administrativo, conforme a lo establecido por la Ley 330. No obstante, si lo que se busca es modificar la escala salarial, es imprescindible un estudio técnico que sustente los cargos y justifique el cambio.

Mi posición coincide con la ya expresada por la Secretaría Jurídica del Departamento y por los asesores de la Oficina Jurídica de la Asamblea de Caldas: El incremento puede realizarse por acto administrativo, sin requerir aprobación de la Asamblea. De aprobarse el proyecto en esos términos, este no podría ser sancionado por la Secretaría Jurídica.

He sido enfático al afirmar que Caldas sería un paraíso si la vehemencia utilizada por el contralor para increpar a los diputados fuera usada en el control fiscal, propio de su cargo. La Contraloría Departamental no necesita denuncias radicadas para investigar sobre temas que tienen irregularidades como Mil Viviendas, las Vías del Hermanamiento y el ERP. Los debates en la Asamblea también funcionan como insumos de los órganos de control. Ojalá el contralor no sea ciego, sordo y mudo como la canción de Shakira.