La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Pueblo Rico, Leonardo Fabio Siagama Gutiérrez (2020-2023), por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de 18 viviendas de interés social que nunca fueron entregadas a las familias beneficiarias.

El órgano de control señaló que el entonces mandatario habría suscrito un contrato con el Fondo Mixto para la Etnocultura, Memoria y Convivencia del Departamento del Chocó (Fonpacífico) por $2.718 millones, con recursos del Sistema General de Regalías. 

Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar, solo se construyeron cuatro viviendas, las cuales tuvieron que ser demolidas, según la representante Carolina Giraldo, por orden del Departamento Nacional de Planeación (DNP) tras evidenciarse fallas graves en su estructura.

La Procuraduría también investiga el destino del anticipo del 50 % del contrato, es decir, $1.359 millones, que según la documentación oficial no han sido plenamente justificados, así como la modalidad de contratación utilizada y el papel del fondo Fonpacífico en la ejecución del proyecto.

Denuncia de la Representante Carolina Giraldo

La Representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, había denunciado el caso semanas atrás del anuncio de la Procuraduría, subrayando el tema de los anticipos y de las entidades, calificándolo como un ejemplo del mal manejo de recursos públicos.

“El contrato de obra, por más de $2.700 millones, fue suscrito entre el fondo mixto Fonpacífico y la empresa Inprosos S.A.S., seleccionada mediante invitación privada. A esta firma se le entregó un anticipo del 50%, es decir, alrededor de $1.350 millones, pero según información oficial, lo construido sólo costó $150 millones”, mencionó Giraldo.

La representante en su denuncia, mencionó sobre los riesgos que implican los llamados “contrataderos”, figuras mixtas que —según ella— eluden los controles del Estatuto General de Contratación Pública.

“La pregunta es clara: ¿La empresa devolvió los $1.359 millones del anticipo o tuvo que responder la aseguradora? Porque si no fue así, esos recursos se embolataron”, afirmó Giraldo.

La representante señaló que a la empresa Inprosos S.A.S., contratista de la obra, se le habría girado dicho anticipo sin contar con licencias, estudios técnicos ni pólizas en regla, incurriendo en presuntas irregularidades.

Giraldo también sostuvo que no hubo criterios claros de selección de los beneficiarios y que las cuatro viviendas construidas costaron apenas $150 millones, una mínima parte del total del contrato, tuvieron que ser demolidas.

“Este es un ecosistema perfecto para la corrupción”, subrayó.

En busca de responsabilidades

El DNP y Fonpacífico declararon el incumplimiento del contrato en enero de 2025, y se solicitó a la aseguradora responder por los $1.359 millones del anticipo. 

No obstante, aún no hay claridad sobre si dichos recursos fueron efectivamente recuperados.

Por su parte, la Procuraduría indicó que verificará la ocurrencia de los hechos, determinará si constituyen falta disciplinaria y definirá si el exalcalde Siagama Gutiérrez actuó con o sin responsabilidad administrativa.

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