Lo que comenzó como una medida estatal para combatir la desnutrición se convirtió en un fenómeno estructural que transformó negativamente la vida de la comunidad Emberá en el resguardo de Bajo Gitó, Risaralda.

La entrega continua de paquetes alimentarios —arroz, lentejas, leche en polvo, bienestarina e incluso atún importado— reemplazó progresivamente la siembra tradicional de cultivos como yuca, maíz y fríjol nativo.

Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), liderada por Yari Stella Vargas Huertas, magíster en Gestión y Desarrollo Rural, documentó cómo esta estrategia de ayuda institucional alteró profundamente la economía local, desestructuró prácticas culturales y debilitó la transmisión de conocimientos ancestrales.

Impacto cultural y ruptura generacional

La asistencia alimentaria no solo modificó los hábitos de consumo. También alejó a las nuevas generaciones de las prácticas que sostenían la autonomía del territorio. “Sembrar dejó de ser prioritario frente a la facilidad de recibir mercados mensuales”, explica la investigadora Vargas.

Esta dinámica condujo a que niños y jóvenes crecieran sin contacto con la cocina tradicional, ni con los utensilios históricos como las ollas de barro o los canastos tejidos en fibra vegetal.

El resultado: un quiebre intergeneracional en la transmisión de saberes relacionados con la alimentación, la agricultura, la caza y los rituales vinculados a la tierra.

Bajo Gitó, Risaralda, donde los mercados reemplazaron los cultivos ancestrales.

Un círculo de dependencia cada vez más arraigado

Durante décadas, muchas familias Emberá han recibido múltiples mercados mensuales, especialmente aquellas con más hijos, lo que ha desincentivado la producción agrícola propia.

Esta tendencia se profundizó durante la pandemia por COVID-19, cuando algunas familias llegaron a acumular hasta diez paquetes alimentarios. Lo preocupante no es solo la dependencia material, sino la transformación de la relación con el territorio.

Aunque la tierra en Bajo Gitó sigue siendo fértil, su potencial está subutilizado. El desuso de los cultivos tradicionales no responde a la infertilidad, sino a un modelo asistencialista que reemplazó la iniciativa comunitaria por la expectativa de recibir apoyo estatal.

Efectos colaterales: economía paralela y migración

Un fenómeno poco documentado, pero evidente en la investigación, es la creación de un circuito económico paralelo: parte de los alimentos entregados no se consumen en el hogar, sino que se intercambian o venden.

Por ejemplo, la bienestarina suele venderse en comunidades afrodescendientes cercanas, y otros productos se truecan por bienes como tabaco o incluso alcohol.

Además, la expectativa de una mejor asistencia en las ciudades ha impulsado procesos migratorios hacia Pereira, Bogotá, Cali o Antioquia.

Según la investigadora Vargas, esta migración no ocurre por hambre, sino por la esperanza de acceder a programas institucionales más amplios.

La pérdida de la soberanía alimentaria: ¿es reversible?

Aunque los programas asistenciales surgieron como respuesta a la inseguridad alimentaria, en Bajo Gitó terminaron debilitando los sistemas productivos propios. Este modelo terminó suplantando el conocimiento tradicional por una lógica de consumo dependiente.

La soberanía alimentaria —el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y prácticas alimentarias— ha sido erosionada. Sin embargo, aún existen oportunidades para revertir este panorama.

Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, la recuperación de semillas nativas, el fortalecimiento del trabajo colectivo y la co-creación de soluciones con los mayores sabedores podrían permitir el retorno a un modelo más autónomo y sostenible.

De sembrar a depender: 40 años de ayudas que cambiaron la vida de los Emberá en Risaralda.

Un llamado a construir desde el territorio

La situación de Bajo Gitó evidencia cómo las políticas públicas, al ignorar las particularidades culturales y territoriales de las comunidades indígenas, pueden generar más daño que beneficio a largo plazo.

La solución, según la investigación de la UNAL, está en valorar las prácticas agrícolas propias, fortalecer la colectividad alimentaria y devolverle a la comunidad el poder de decidir qué, cómo y cuándo producir y consumir.

La recuperación de la soberanía alimentaria es posible, pero requiere voluntad política, respeto por el conocimiento ancestral y una verdadera construcción desde el territorio.

* Esta información se elaboró en colaboración con la Agencia de Noticias de la UNAL.

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