El Ministerio de Salud y Protección Social recordó, a través de un comunicado, que el sistema de salud enfrenta una crisis estructural heredada del modelo de aseguramiento instaurado hace más de 30 años con la Ley 100 de 1993, producto de una visión que convirtió la salud en un negocio y no en un derecho fundamental.

La Ley 100, advirtió el despacho de Guillermo Jaramillo, permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de 32,9 billones de pesos a hospitales y clínicas. El Estado está al día con sus pagos; son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente.

El Gobierno del Cambio, según el Ministerio, ha respondido con hechos para evitar el impacto de dicha normativa:

- Aumentó el reconocimiento de la UPC en 33,7% entre 2022 y 2024, garantizando el giro oportuno de los recursos.

- El giro directo pasó de 22,1 billones en 2023 a 48,1 billones en 2024 lo que representa un incremento del 118%.

- Casi duplicó los recursos para el aseguramiento y el fortalecimiento de los servicios de salud desde los programas que desarrolla el Ministerio de Salud y Protección Social, pasando de 40,34 billones en 2022 a $65,12 billones en el 2025, estimando llegar a $75,86 billones en 2026.

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- Invierte 9,3 billones en fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS), con equipos básicos de salud en todos los municipios del país, infraestructura y dotación hospitalaria, transporte asistencial, promoción social, fortalecimiento de servicios y pago de pasivos.

- Realiza Puestos de Mando Unificado (PMU) escuchando y resolviendo directamente las necesidades de las comunidades.

De los medicamentos y su dispensación

En cuanto al acceso a los medicamentos, este Gobierno rechaza las afirmaciones que pretenden mostrar una crisis fabricada. Los datos técnicos del Ministerio son contundentes: el sistema institucional sigue siendo el principal canal de suministro y, entre 2022 y 2024, aumentó la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo, garantizando el acceso a tratamientos complejos que antes eran privilegio de pocos.

"El aumento del gasto no obedece a fallas del Estado, sino a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas que por años han especulado con la salud. Hoy el Estado enfrenta de frente esas distorsiones del mercado y protege a los pacientes, no a los intermediarios", detalló.

El Ministerio aseguró que trabaja de manera coordinada con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para evitar que el problema crezca.

"El Estado está en la misma orilla que los pacientes, no del lado del negocio. No se permitirá que quienes se lucraron con los recursos públicos, sigan manipulando la opinión para proteger sus privilegios. La salud en Colombia no retrocede. Avanza con soberanía, dignidad y justicia social", concluyó el Ministerio.

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