La crisis financiera de las EPS volvió a encender alarmas en Risaralda. Tres voces clave del sector —Aisalud y los hospitales de La Celia y Quinchía— expusieron una situación insostenible, marcada por prácticas indebidas de las EPS, contratos sin legalizar, recursos retenidos y demoras que ponen en riesgo la atención en salud.

Aisalud denuncia prácticas indebidas

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de Aisalud, fue contundente: varias EPS estarían desarrollando estrategias para que sus deudas con hospitales y centros médicos no queden registradas.

“Muchas de las EPS—por no decir casi todas— están haciendo prácticas indebidas para que no se vea reflejada la facturación y por ende las deudas que tienen con los prestadores”, afirmó.

La directiva habló sobre las estrategias que estarían usando las entidades para que no les aparezcan los gastos en las carteras. 

“Las Eps no pueden solicitar códigos aparte de los expedidos por ellos cuando envían los correspondientes registros de prestación de servicio, y el Ministerio genera un código”.

Según Zuluaga, ya han detectado a dos de las entidades prestadoras haciendo esas prácticas, ocasionando graves consecuencias para la salud del sistema. 

“Encontramos que EPS como Pijao Salud, como SOS están generando solicitudes aparte para que los códigos sean emitidos directamente por la EPS, lo cual ya está totalmente prohibido”.

Además, de las ‘jugadas’ con los códigos, la funcionaria denunció que hay devoluciones extemporáneas, especialmente por parte de Nueva EPS, que retrasan pagos y afectan la disponibilidad presupuestal.

“Unas devoluciones incluso extemporáneas por parte de la Nueva EPS, lo que en últimas genera no deuda y por ende no pago a los prestadores”, advirtió.

Zuluaga insistió que, sin recursos frescos antes de final de año, varias ESE estarían a las puertas de un riesgo fiscal: sin pagos, sin CDP, sin capacidad para cumplir obligaciones con proveedores ni con el personal de salud.

“Ya tenemos amenazas de no garantía en la prestación de servicios como medicamentos. No tienen cómo pagar a los profesionales. Esto impide continuar con la atención”.

Hospital de La Celia en jaque

Juan Alejandro Monsalve, gerente del Hospital San José de La Celia, aseguró que la situación con las principales EAPB del municipio es crítica y que la operación está en riesgo por la falta de contratos legalizados.

“El no poder liquidar contratos nos pone en jaque. No podemos recibir giros hasta que los contratos se legalicen. Y en cualquier momento una EAPB (Entidad Administradora de Planes de Beneficios de Salud) puede dejar de girarnos justificando que no hay contratos vigentes”, explicó.

Monsalve indicó que, de continuar con esas prácticas, se verán en la obligación de suspender servicios, porque la falta de liquidez desencadenará en que no puedan pagar a los trabajadores ni a los proveedores. 

“El no poder liquidar contratos nos pone en una posición de jaque mate, en donde claramente nosotros no podemos recibir unos giros hasta que no se puedan legalizar ese tipo de contrataciones”. 

Según Monsalve, esto podría derivar en:

• Interrupciones en la prestación del servicio
• Menor disponibilidad de personal
• Menos dispositivos médicos
• Fallas en la capacidad operativa del hospital

“Lo grave aquí, lo que estamos tratando de buscar como asociación es la manera en que estos contratos finalmente se puedan legalizar. No es un problema de nosotros como gerentes, no es un problema de nosotros como hospitales, es un problema operativo al interior de la EAPB, si lo que han no permitido que el libre flujo de esta radicación de contratos se pueda realizar de manera legal”.

El directivo también criticó la falta de respuesta de varias Eps, que llegaron al punto de evadir las interlocuciones para no dar respuesta. 

“Algunos directivos ni contestan los celulares o los correos. Hay derechos de petición radicados cada ocho días sin respuesta”.

Hospital de Quinchía sufre la misma enfermedad

Carlos Andrés Posada, gerente del Hospital Nazareth de Quinchía, advirtió que la falta de contratación y la negativa de las EPS a liquidar contratos de vigencias anteriores están dejando atrapados recursos fundamentales para la operación.

“No tenemos contratación, no hay nota técnica y las EPS se niegan a liquidar los contratos. Nos tienen recursos atrapados”, señaló.

Posada explicó que ya hay consecuencias para los usuarios como remisiones demoradas, retrasos en la entrega de medicamentos y procedimientos ambulatorios represados. 

“La demora en los procesos y en los trámites administrativos para las remisiones de los pacientes desde los primeros niveles, complicaciones prevenibles y ni qué decir de los procedimientos ambulatorios, la entrega de medicamentos para los pacientes crónicos. En este momento los pacientes son los que están llevando la peor parte en esta crisis de la salud”.

La crisis, además, golpea a hospitales pequeños que dependen totalmente del flujo de recursos para sostener personal, suministros y funcionamiento básico.

“El recaudo del contributivo no llega ni al 60%. El subsidiado paga entre el 90% y el 91%, pero en varias Eps hay diferencias y problemas con lo que liquidan”, dijo Posada.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

Aisalud pidió que antes de finalizar el año el Gobierno cumpla los acuerdos ya pactados:

• Pago del 80% en evento
• Pago del 100% en capitación
• Conciliación y liquidación de contratos pendientes

“Es la única forma de transparentar las cuentas y garantizar la continuidad del servicio”, afirmó Zuluaga.

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