Menos de una semana después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, bañó de elogios al gobierno colombiano por los avances en la lucha contra los cultivos ilícitos y el tráfico de cocaína, llega el anuncio de que el presidente de ese país, Donald Trump, insiste en recortar los presupuestos de cooperación para nuestro país en cerca del 35% para el 2019. Esa expresión de estar “muy alentado” y la retórica del "desafío compartido" se convirtió en la posibilidad de que Colombia profundice su soledad en la guerra que desde hace décadas libra contra las organizaciones narcotraficantes locales, sin que se haga con igual esmero en los Estados Unidos.
Un recorte en las ayudas económicas significará, necesariamente, que los colombianos tengamos que poner además de los muertos la plata para tratar de acabar con ese flagelo que le hace tanto daño al país. Tal recorte no se fija en que si bien desde países como el nuestro surge la oferta de productos ilícitos como la cocaína, es en naciones como Estados Unidos donde la demanda es cada vez mayor, sin que se ejerzan los controles suficientes que acaben con este círculo vicioso. Se ignora una lógica del mercado simple consistente en que si hay quien compre de cualquier parte saldrá el vendedor.
No es Colombia el que debería estar obligado a evitar la entrada de drogas a territorio estadounidense, sino los Estados Unidos el que tendría que trabajar decididamente para tener cada vez menos consumidores, o a lo sumo aportar todo los necesario, como lo hace nuestro país, para romper la cadena del crimen y del lucro desmedido que fomenta la existencia de un mercado ilegal en territorio estadounidense. Es absolutamente incoherente que después de darle palmadas en la espalda al presidente Juan Manuel Santos, los líderes norteamericanos digan ahora que sus compromisos de dar más ayuda económica a Colombia para acabar con esa actividad ilícita no se harán realidad.
El año pasado, en un esfuerzo que superó la meta propuesta, se erradicó de manera forzosa 54 mil hectáreas de cultivos de coca y para el 2018 el objetivo es llegar a las 115 mil hectáreas erradicadas, pero sin el concurso decidido de los Estados Unidos tales propósitos se ponen en duda. La disculpa del embajador estadounidense en nuestro país, Kevin Whitaker, en el sentido de que su gobierno está haciendo ahorros y que todavía no hay una determinación en firme, no es fácil de aceptar. Mientras que para el año pasado hubo un aporte estadounidense de 391 millones de dólares, solo se contaría con 264,4 millones de dólares en el 2019, una reducción demasiado drástica.
Desde luego que Colombia no es el único país perjudicado por estas determinaciones del gobierno Trump, que está convencido de que la cooperación internacional no le reporta beneficios, que hay que acabarla. La actual administración prefiere profundizar las medidas proteccionistas en las que solo importan los intereses estadounidenses. Sin embargo, sí resulta muy injusto que cuando nuestro país hace los esfuerzos mayores para darle un golpe de gracia al narcotráfico, el socio en esa lucha esté de retirada. Tiene razón el gobierno colombiano al expresar que el recorte que pretende el presidente de Estados Unidos es muy injusto.
Es el momento de reflexionar acerca de la excesiva dependencia que siempre ha tenido Colombia de los Estados Unidos y de la cual no ha podido desprenderse, pero la que es necesario ir soltando para no tener que estar siempre al vaivén de los caprichos de la Casa Blanca, cuyo huésped actual no solo desconoce nuestros esfuerzos, sino que desestimula la reciprocidad que siempre ha honrado nuestro país.
