A finales del año pasado el presidente Juan Manuel Santos afirmó que su peor pesadilla es Venezuela. Hoy se confirma que la situación de ese país se ha convertido en un turbulento despertar para las zonas de frontera y que, inclusive, en regiones como la nuestra se siente el coletazo de la crisis que padecen los venezolanos. Manizales no es ajena a esta dura realidad, como se lee en el informe que presenta hoy LA PATRIA. Hay una verdadera emergencia que el gobierno colombiano busca controlar con medidas restrictivas, pero que ya tomó seria ventaja. No resulta fácil enderezar los hechos y contener la presión de miles de migrantes que llegan con la ilusión de obtener una dosis mínima de dignidad.

El éxodo se da a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera entre los dos países, en momentos en que el gobierno de Nicolás Maduro no solo comete abusos con quienes no comparten sus ideas, sino que con sus políticas promueve la escasez de alimentos y medicinas sin que se vea alguna fórmula de solución. Hasta la fecha se calcula que unos 600 mil venezolanos, con visado y sin papeles, han llegado a nuestro país con la intención de quedarse, y cálculos preliminares indican que para mitad de año la cifra llegaría al millón.

Es un fenómeno que nunca antes en la historia había experimentado nuestro país, y que hoy se evidencia en invasiones gigantescas del espacio público en ciudades como Cúcuta. La infraestructura hospitalaria y educativa tiene que ser ampliada para evitar saturaciones y hacinamientos que terminen afectando en forma grave a los colombianos de esa región.

Para tratar de contener esta explosión social, el presidente Santos anunció el despliegue de unos 3 mil miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía y la construcción de un centro de atención al migrante con el apoyo de las Naciones Unidas. También se busca regular el ingreso de venezolanos, y legalizar a quienes ya están en el país. Lo primero implica que se elimine la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y que sea obligatorio sellar el pasaporte. Para lo segundo se tendrá un plazo de dos meses para que los venezolanos se acerquen a una personería o defensoría a registrarse y obtener un comprobante de su estatus.

Estas medias implican que quienes lleguen puedan permanecer de manera legal en Colombia, buscar trabajo, emprender negocios y comenzar una vida que les dé esperanzas y nuevas oportunidades. A los niños también es fundamental garantizarles educación y salud. Quienes no se regularicen tendrán que ser deportados y a quienes delincan deberá sancionarse con base en nuestras normas penales. En esto hay que ser muy cuidadosos para no caer en comportamientos xenofóbicos y discriminatorios, sino más bien fomentar el espíritu de solidaridad con quienes llegan a sembrar un mejor porvenir que el ofrecido por el gobierno de Venezuela.

En esas zonas de frontera es fundamental tomar medidas que incentiven la economía, de tal manera que no solo se generen nuevos empleos que ocupen venezolanos, sino que no pongan en riesgo los puestos de trabajo de los colombianos. En ese sentido es positivo el anuncio de invertir $1.000 millones en el fortalecimiento del tejido empresarial de la región, pero es una inversión que resulta insuficiente para el impulso que se necesita. Si bien las Naciones Unidas ayudarán con el centro de atención a migrantes, todavía es necesaria una mayor presencia de la comunidad internacional para que haya una atención adecuada a la crisis.

De manera paralela es urgente que se adopten medidas que conduzcan a un cambio de gobierno en Venezuela y que regrese la democracia. En ese sentido es acertado que la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto un estudio preliminar a Venezuela, por posibles abusos de las fuerzas de seguridad a mando de Maduro.