La adecuada gestión de las finanzas públicas es la base para impulsar el desarrollo, reducir las desigualdades y garantizar el bienestar social, sin embargo, cuando los gobiernos actúan con irresponsabilidad, las consecuencias recaen directamente sobre los ciudadanos, quienes terminamos pagando el costo de las malas decisiones a través de mayores impuestos, la desaceleración económica y menor inversión social.
El conocimiento profundo de la política fiscal del país debe ser una condición indispensable para cualquier presidente, los recursos del Estado son limitados y, precisamente por ello, deben administrarse con eficiencia, siendo un verdadero instrumento de transformación territorial y equidad, no en una herramienta de intereses políticos o caprichos personales.
Durante su campaña presidencial, el economista Gustavo Petro prometió un modelo de gobierno donde, según sus palabras, “el dinero sí alcanza cuando nadie se lo roba”, además de ilusionar a millones de colombianos con subsidios de quinientos mil pesos mensuales para los adultos mayores, condonación de créditos del Icetex, incrementos de impuestos únicamente para los más ricos, construcción de universidades y una cantidad de promesas que para cumplirlas requieren de una gran destinación de recursos, pero la realidad ha demostrado que esos ofrecimientos eran inviables financieramente y que Petro, más que un estratega económico, apostó por un discurso populista que hoy enfrenta los límites de la sostenibilidad fiscal del Estado.
El problema es aún más grave cuando se contrasta la narrativa de escasez con las decisiones de gasto del Gobierno, mientras Petro se queja de la falta de recursos, su administración ha destinado cuantiosas sumas a viajes y estands costosos en escenarios internacionales, ha incrementado la nómina en entidades públicas, ha abierto embajadas innecesarias, también ha patrocinado conciertos y eventos que buscan fortalecer su imagen personal, entre muchos otros derroches; cada peso utilizado en estos lujos son menos recursos para la inversión que el país necesita.
En este contexto, llegamos a la propuesta de una nueva reforma tributaria que, aunque se presenta como un instrumento de justicia social, termina castigando principalmente a las clases populares, los trabajadores y los pequeños empresarios. El aumento de impuestos sobre productos de consumo masivo y la presión fiscal sobre sectores productivos clave provocarán un encarecimiento generalizado de la canasta básica, reduciendo el poder adquisitivo de millones de hogares y frenando la competitividad del país; por ello, para diversos analistas, Colombia no soporta un nuevo incremento de las cargas tributarias, especialmente cuando no hay garantías de un manejo eficiente y transparente de los recursos.
El llamado es claro, el Congreso de la República debe actuar con responsabilidad y frenar una reforma que compromete la estabilidad económica y social del país, los colombianos ya estamos pagando las consecuencias de un Gobierno improvisado y polarizante.
Hoy, más que nunca, Colombia requiere un liderazgo que recupere la confianza de los ciudadanos, establezca reglas claras para la inversión, proteja a los empresarios y emprendedores, garantizando que cada peso público se transforme en bienestar, no se trata solo de rechazar una reforma lesiva y politiquera, sino también de exigirle al Gobierno el manejo transparente y eficiente de las finanzas públicas.