Esta columna será diferente a las anteriores. Hoy hablo como empresario, como generador de tejido social, y como ciudadano preocupado por la forma en que se está estigmatizando al sector productivo colombiano desde el discurso oficial.

Seguramente muchos de ustedes escucharon las noticias sobre los ataques a la sede principal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), ocurridos durante las protestas contra el genocidio en Gaza.

Al ver a su presidente, Bruce Mac Master, preocupado por su integridad y la de sus colaboradores recordé a mi padre, Roberto Rivas Salazar, quien durante 20 años fue el presidente de la Junta Directiva de la Andi seccional Manizales, y respetó y veló por la actividad gremial. Él entendía, como Mac Master, que defender al empresariado es defender a Colombia.

El ataque a la Andi no es dirigido a su presidente, es contra más de 1.650 empresas que representa y el 50% del Producto Interno Bruto que ellos aportan. Es el ejemplo de cómo un Gobierno socialista y autoritario quiere culpar a los gremios de su incompetencia y de sus actos de corrupción. Dicha táctica ha sido descrita por analistas como Antonio Solá, quien expresa que el Gobierno en lugar de reconocer los errores de su gestión, traslada la culpa al sector privado rompiendo la confianza, paralizando la inversión y destruyendo el tejido productivo.

El relato socialista que se está imponiendo plantea una supuesta contradicción entre empresarios y trabajadores. Según esta visión, el empresario se enriquece a costa del trabajador. Pero la realidad es más compleja: sin inversión no hay empleo, sin empresas no hay innovación, ni desarrollo. Castigar al que produce solo lleva al empobrecimiento colectivo.

La historia está llena de advertencias como la de Cuba y Venezuela. Basta recordar lo ocurrido en Chile durante el Gobierno de Salvador Allende. Nacionalizaron la minería, la banca y cientos de empresas industriales; congelaron los precios y aumentaron salarios; expropiaron e intervinieron fábricas privadas. El resultado: persecución judicial a los empresarios; clima de inseguridad jurídica y crisis económica que terminó en golpe militar.

Colombia no puede repetir la experiencia de países como Cuba, Venezuela y Chile, donde el discurso contra los empresarios fue la antesala a la recesión y el autoritarismo. Por eso, el ataque a la Andi es un ataque a nuestra democracia. No se está respetando el Estado Social de Derecho ni la independencia de los poderes. En este país existe el derecho a la libre expresión y entidades como la Andi están protegidas por el artículo 39 de la Constitución Política, que garantiza la libre asociación.

La Andi, con más de ocho décadas de historia, ha sido un pilar fundamental del desarrollo nacional. Representa a las 1.650 empresas que pagan impuestos con los que se financia buena parte de los programas sociales del Estado.

Es increíble que un presidente de la República se enfrente al empresariado y se niegue a conversar con ellos. Al contrario, insta a encender a sus seguidores para arrodillar a los gremios. En este escenario, se destaca la actitud ejemplar del presidente de la Andi, quien ha respondido con serenidad al ataque sistemático. Su defensa del sector privado es, en última instancia, una defensa del futuro de Colombia.

¡Es hora de despertar! Vamos camino a la servidumbre como dice Hayek y la estatización, donde la mano de obra dependerá del Estado, sin prestaciones y sin garantías. ¿Nos convertiremos en esclavos del régimen? O despertaremos para defender la empresa y a Colombia.