Analistas económicos, centros de estudio, academia, gremios, e innumerables actores de la vida nacional, han venido advirtiendo, con sobrados argumentos, sobre la precaria situación de las finanzas públicas colombianas, evidenciada en el desbordado crecimiento de los gastos del Gobierno nacional y en el deterioro del recaudo de impuestos. 
Sin ir muy lejos para comprobarlo, basta con darle una mirada a dos hechos provenientes del mismo Gobierno nacional: por un lado, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 y, por otro, el aplazamiento de la Regla Fiscal. Resulta oportuno revisar el significado de estos dos conceptos para brindar contexto a los amables lectores. 
En primer término, el Marco Fiscal de Mediano Plazo es un documento que emite cada año el Ministerio de Hacienda con las proyecciones oficiales de ingresos y gastos para los próximos 10 años, junto con las proyecciones macroeconómicas y las estrategias para mantener unas finanzas públicas sanas. Por otro lado, la Regla Fiscal es una normativa que establece un tope al endeudamiento del país y fija un límite máximo al déficit fiscal. En términos coloquiales, Marco Fiscal y Regla Fiscal, son como “la biblia” para el manejo responsable de las finanzas públicas colombianas. 
Pues bien, el Marco Fiscal 2025 recientemente presentado por el Ministerio de Hacienda, proyecta un déficit fiscal escandaloso para este año, que asciende al 7% del PIB, lo que significa que en el 2025 el desbalance de las finanzas nacionales rondará los 120 billones de pesos. Y en cuanto a la Regla Fiscal, la cosa no es menos grave, pues el Gobierno nacional anunció su terrible decisión de suspenderla para los próximos tres años, lo que sencillamente implicará borrar de un solo tajo los topes de endeudamiento, gasto y déficit para dicho período. ¡Qué horror!
En otras palabras, el Marco Fiscal y la Regla Fiscal, que históricamente han servido como ancla de responsabilidad para el manejo de las finanzas públicas y de los compromisos macroeconómicos, han puesto de manifiesto una realidad que ya venía tomando forma: la incapacidad para contener el déficit fiscal, mejorar el recaudo tributario y mantener la deuda pública en una senda sostenible.
Y como consecuencia de todo lo anterior, dos de las tres principales agencias calificadoras del mundo —Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s—la semana pasada tomaron la decisión de rebajar la calificación crediticia de Colombia y dejaron abierta la posibilidad a nuevas rebajas si no se toman correctivos en los próximos 18 meses.
¿Qué implicará todo esto para Colombia? La percepción de mayor riesgo se traducirá en tasas de interés más elevadas, lo que encarecerá el crédito para el Gobierno, las empresas y los hogares. Esto dificultará aún más la llegada de inversión extranjera directa y podría acelerar la fuga de capitales, lo que seguramente impactará el valor del dólar. Y súmele a ello la reforma tributaria que viene en camino, que pondrá en jaque tanto al país político como al económico, ante la posibilidad de caer a un abismo sin retorno. Y lo cierto es que los platos rotos los pagaremos todos los colombianos.