Lo veíamos venir: el presidente que llegó al Gobierno mediante acuerdos sibilinos con los peores criminales de Colombia, tenía el compromiso de generarles impunidad y lavado de sus fortunas.
¡Y se llegó el día! El proyecto de ley presentado por los ministros Montealegre y Benedetti, es el remate de un plan políticocriminal craneado desde la campaña presidencial y ejecutado con el mayor descaro. Es un proyecto de ley vergonzoso que, a medida que se avanza en su lectura, va provocando desazón, rabia y termina causando náuseas y dolor de patria.
Porque va dirigido a cubrir de impunidad a los peores criminales a quienes se les pretende brindar penas irrisorias entre 2 y 8 años pagadas en “espacios rurales o urbanos para la construcción de la paz y la transformación territorial, así como en colonias agrícolas o centros de armonización, diferentes a los establecimientos del sistema penitenciario vigente”. Los condenan a pagar sus penas en fincas de recreo y les proporcionan, además, libertad condicional a los dos años y beneficios económicos disfrazados de programas de inclusión social.
Pero esto no es todo. A los capos criminales condenados hoy por la justicia colombiana se les rebajará su pena en un 60% y serán trasladados a pabellones especiales diseñados para su comodidad, seguridad y confort. Y a los terroristas de la primera línea y demás vándalos que pagan condenas por la destrucción del país, se les reducirán sus penas en un 70%; y quienes no están condenados podrán acogerse al principio de oportunidad mediante el cual se renuncia a la acción penal y sus crímenes quedarán impunes.
Y la cereza del pastel: un 12% de los bienes entregados podrán ser conservados por estos criminales, en lo que se constituirá en el mayor lavado de activos de la historia. Mediante esta ley, se computarán como bienes entregados “infraestructura comunitaria como vías, puentes, infraestructura entregada en salud, educación, dotaciones públicas, casas o edificios comunitarios, entre otros”. Resumen: Entregan bienes públicos, los sobrevaloran, y justifican o lavan sus fortunas argumentando que equivalen a ese 12% que la ley les permite conservar. ¡Vaya negocio!
Y todo lo anterior sustentado en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que son mandatos constitucionales. Y nace la pregunta: ¿Será constitucional que los criminales que pagan condenas, y siguen delinquiendo desde las cárceles, sean cobijados por beneficios de una ley que busca, precisamente, garantizar la no repetición? ¿Será constitucional que mientras los colombianos decentes tenemos que andar desprotegidos y desarmados, esta ley perdone a delincuentes condenados por porte ilegal de armas, tortura, destrucción de bienes públicos, terrorismo, asonada y vandalismo disfrazado de protesta social? ¿Será constitucional que, en aras de cumplir con el pacto de La Picota, el Gobierno destruya el concepto de justicia que ha acompañado a Colombia durante toda su vida republicana?
¡Serio compromiso y responsabilidad los que tiene el Congreso de la República en el trámite de este proyecto de ley! ¡Colombia está en sus manos!