Uno de los últimos desafíos de Gustavo Petro fue subir a su tarima en Medellín a un grupo de delincuentes de altísima peligrosidad, condenados por la justicia colombiana, y que se encuentran pagando sus penas bajo la custodia del Estado.

El presidente justifica esta aberración con el programa de paz urbana, según el cual, irracionalmente, el jefe del ejecutivo dispone de la libertad, así sea temporal, de aquellos sobre quienes la justicia ya determinó su privación. Pero, además, pretende cobijarlos con los beneficios consagrados en la ley de paz total, asimilándolos a miembros de “Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto” (EAOCAI), que pueden constituirse en parte de procesos de negociación, con la condición de desmovilizarse y establecer compromisos que impliquen verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Es decir, el presidente pretende darles la categoría de grupos armados organizados a los criminales que siguen delinquiendo desde la cárcel, y les reconoce estatus de EAOCAI.

¿Significa esto que los criminales reincidentes que manejan sus estructuras organizadas desde la cárcel, cuentan con el reconocimiento del Estado y la aquiescencia del Gobierno? ¿Cómo se puede concebir la desmovilización de una persona que se encuentra condenada, privada de la libertad y a cargo y custodia del Estado?

Si el Gobierno le da el estatus de organización de crimen de alto impacto al grupo de criminales presos, que él expone orgullosamente en tarima, ¿no habrá una complicidad gubernamental con quienes se supone deben pagar sus condenas alejados del acceso a medios para seguir delinquiendo desde su sitio de reclusión? ¿Si son tan peligrosos, y los crímenes que siguen cometiendo son suficientes para incluirlos como beneficiarios de la ley, por qué no más bien privarlos de los privilegios que les permite seguir manejando los hilos de sus organizaciones criminales?

Este es el pacto de La Picota y está evidenciado en múltiples intervenciones de funcionarios y presos. El problema ahora es que aquellas ilegalidades que se cometieron en campaña y que le reportaron el triunfo electoral a Petro, se quieren legalizar mediante la paradoja de considerar como “Organización de Crimen de Alto Impacto” a la unión de criminales que opera desde las cárceles.

¿Habrá indulto entonces para aquellos que reincidieron en sus crímenes, violando no solo la disposición constitucional que expresamente lo prohíbe, sino además evidenciando la complicidad del Estado con los terroristas condenados?

En resumen: en campaña, Petro pacta con los criminales en la cárcel para que ellos, acudiendo a privilegios ilegales, manejen sus hilos que se traducen en más de un millón de votos para el candidato; seguidamente, el Gobierno mantiene el contacto con los condenados y sabe de su comportamiento delictivo y de su capacidad de destrucción, y los acolita; y finalmente, el presidente los asimila a una organización criminal para otorgarles los beneficios de una ley que no los puede cobijar, por su condición de condenados, que lógicamente no se podrían desmovilizar.

¡Pobre Colombia, en manos de estos terroristas!