Uno de los hechos que mejor define la deriva autoritaria que ha tomado el Gobierno de Donald Trump es su pretensión de someter a las universidades estadounidenses a sus designios: recortes millonarios, investigaciones por supuestas violaciones a normas federales, retirado de visados a estudiantes extranjeros y presiones ideológicas de todo orden, hacen parte de la artillería con la que pretende sujetar las universidades a sus designios políticos.
De manera particular ha pretendido avasallar a la Universidad de Harvard, pisoteando su historia de siglos, sus realizaciones académicas y científicas y su condición de ser un referente mundial en educación superior; distinto a lo sucedido con Columbia y otras universidades, Harvard ha resistido, y se ha puesto bajo el amparo de la ley y de los tribunales.
El asedio a las universidades es una de las expresiones más crudas del deterioro de la democracia en muchos países. Su autonomía es un principio que ha evolucionado desde sus orígenes y que pretende que estén blindados contra interferencias externas de orden político o religioso. Una sociedad o un gobierno no se podrían predicar democráticos si no protegen y desarrollan este principio.
Colombia llegó hace relativamente poco tiempo al reconocimiento de la autonomía universitaria, lo consagró en el art. 69 la Constitución de 1991. En la mayoría de países latinoamericanos los primeros 30 años del siglo XX fueron los de la autonomía universitaria, que se hizo famosa con el movimiento de reforma universitaria en Córdoba (Argentina) hace ya 100 años.
Estas disquisiciones sueltas nos recuerdan que aquí también se cuecen habas. En los próximos días el Consejo de Estado expedirá el fallo sobre la disputa originada en la designación, hace más de un año, del rector de la Universidad Nacional. Dicha decisión se tomó en medio de una gran controversia. El nombramiento inicial de Ismael Peña fue revocado y en su reemplazo fue puesto Leopoldo Múnera.
Fue tan sinuoso el recorrido de este proceso que entrañó extraños, y al parecer irregulares, recambios de última hora en la composición del órgano elector y la renuncia de la ministra de Educación del momento, Aurora Vergara.
Fue evidente la intención del Gobierno de intervenir en la toma de esa decisión con el claro propósito de imponer su candidato. Violentó con esa actitud el principio de la autonomía universitaria y sometió a la institución a una larga interinidad que por fortuna ya está a punto de terminar.
Dos situaciones también afectan el desarrollo óptimo de las universidades en Colombia: el deterioro del Icetex y la incapacidad del Ministerio de Ciencia para mantener sus presupuestos y ejecutar sus recursos.
El Icetex les ha incumplido olímpicamente a los estudiantes de estratos más vulnerables, reduciendo drásticamente los créditos y las subvenciones a miles de ellos (unos 130.000) que hoy no tienen con qué financiar sus estudios superiores; esta situación afecta también las condiciones financieras de las universidades, no solo las privadas sino también las públicas.
Colombia es uno de los países que menos invierte en ciencia, tecnología e innovación, apenas el 0,28% del PIB (el promedio en la OCDE está en 2,4%). El Ministerio de Ciencia tiene el presupuesto más bajo de los últimos 15 años y los recursos de regalías que destina al sector y que suman unos 4 billones se encuentran sin ejecutar en el último bienio. Las universidades, que son actores fundamentales del sector de ciencia, innovación y tecnología, están dejando de ejecutar muchos proyectos porque no hay recursos y porque los que hay, están engordando los bancos.