Así la calificó un medio de comunicación; entre otras cosas porque según ha dicho el presidente Petro, será de origen popular y el Gobierno no cuenta ni con las mayorías requeridas en el Congreso ni con el necesario respaldo nacional; y porque el espacio temporal de su mandato se agota: faltan un poco más de 10 meses para terminar su período; reformas constitucionales de esta envergadura las acometen los gobiernos cuando todavía están en “estado de gracia” con la opinión, al comenzar el ejercicio del poder, según expresión de los franceses.
Así fue con Gaviria en Colombia, con Chávez en Venezuela, con Fujimori en Perú y con Boric en Chile. Los primeros lograron culminar su propósito, este último, no. Por otra vía, el referendo, lo intentó también Uribe al comenzar su primer período de Gobierno y fracasó.
Lo que no es común es que un presidente al final de su mandato impulse una iniciativa de esta naturaleza: o no tenía claro qué hacer al principio y le cogió la tarde o simplemente ahora está pensando en impulsar su campaña electoral porque asume que la idea tiene suficiente tracción para asegurarle un triunfo electoral en las próximas elecciones.
Aunque el Gobierno lo intenta, no logra demostrar que el ambiente que hizo inevitable el proceso constituyente del 91 es igual al de ahora: hoy no tenemos unidad frente a este propósito y las condiciones que vivía el país no son comparables con las de ahora; entre otras cosas porque la apertura política que nos trajo la Carta del 91, fue la que hizo posible la llegada de un exguerrillero suscriptor del acuerdo de paz con el M-19 a la Presidencia.
Lo cierto es que una idea que venía gravitando desde hace rato en el escenario del debate nacional, ha cogido cuerpo y empieza su andadura: primero tendrá que obtener un poco más de dos millones de votos (si va a ser de iniciativa popular) y luego lograr que el Congreso apruebe la ley que le daría viabilidad después de la revisión de la Corte Constitucional. En el Congreso la iniciativa popular no tendrá un camino fácil no obstante que el articulado del proyecto establece que no podrá ser revocado; esa zanahoria no alcanza para tanto.
Al momento de escribir este artículo, ayer en la mañana, arrancaba la movilización popular para activar la campaña de la constituyente: a dos días de la consulta para escoger candidato presidencial e integrar listas al Congreso los partidos de izquierda; a cuatro de la expedición del fallo del Tribunal que declaró inocente al expresidente Uribe y a dos de la sentencia del Consejo de Estado que tumbó los decretos a través de los cuales pretendió el Gobierno reformar el sistema de salud por la puerta de atrás, pensará Petro que no la faltarán argumentos para legitimar, según su particular visión del país y del Estado, la convocatoria a esa Constituyente.
Y para completar, dos curiosidades más: el anuncio de la presentación de la iniciativa se hizo desde Shanghái, China, a más de 15.000 kilómetros de distancia de Bogotá; y la afirmación del presidente de que Eduardo Montealegre al presentar la propuesta, actuó como simple ciudadano y no como ministro de Justicia. Tal vez por eso lo echó y lo convirtió en la primera víctima de esta curiosa propuesta.