Armando Benedetti no es mi filósofo político de cabecera y no creo tampoco que sea un paradigma de estadista; pero esta semana en una entrevista a un medio nacional dijo algo con lo que estoy de acuerdo: “Es claro que las reformas importantes, sociales y de justicia, no se pueden hacer en el Congreso por la forma como se elige”.
Eso lo dijo con ocasión de un pronunciamiento del presidente sobre la eventualidad de una Constituyente después de la derrota que sufrió con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.
Lo cierto es que este acontecimiento desnudó por completo el decaimiento de nuestro sistema político, “ese conjunto de estructuras, instituciones y procesos estables a través de los cuales una sociedad se gobierna a sí misma, ejerce su autoridad, toma decisiones y asigna valores de forma legítima, lo cual incluye la organización del poder, las reglas que lo rigen, y las interacciones entre actores políticos y los ciudadanos, para dar forma a las leyes y políticas públicas”.
Componentes sustanciales del sistema político son el gobierno, el parlamento y el poder judicial. La elección del nuevo magistrado puso en evidencia que estos tres elementos no se están coordinando bien y que al contrario sus relaciones están mediadas por alteraciones como el clientelismo y la opacidad en la toma de decisiones. Todo este deviene en la ilegitimidad y la ineficiencia del sistema.
Son precisamente estos componentes, su rediseño y su transformación, aquellos sobre los cuales el Parlamento no ha podido o no ha querido actuar: las facultades nominadoras o electorales de las Cortes les han restado ímpetu para conseguir los objetivos de superar los grandes problemas de la justicia en Colombia, que son la congestión, la impunidad y las barreras de acceso; el ejercicio de tales funciones las hace vulnerables al clientelismo y a los favoritismos que terminan por deslegitimarlas.
Esta circunstancia ensombreció el proceso de configuración de la terna de candidatos a la Corte: La Corte tuvo que votar no declarar impedidos los magistrados que habían sido favorecidos por Carlos Camargo con cargos para familiares y amigos en la Defensoría del Pueblo cuando este fungía como cabeza de esa entidad.
Las relaciones entre Congreso y Gobierno en torno al mismo asunto, estuvieron también mediadas por la polarización, las amenazas, el desorden partidista y las sospechas. No hay sistema de partidos consistente que facilite la gobernabilidad ni un camino desbrozado para llegar a consensos, más allá del ofrecimiento de puestos, o la amenaza de arrebatárselos a quien no obedezca. Es difícil encontrar un episodio que retrate con mayor nitidez el decaimiento de nuestro sistema político. Los hechos de esta semana no pasarían de ser una simple anécdota, si no desnudaran de cuerpo entero sus inconsistencias, debilidades, e ineficiencias.
No podemos afirmar que el país ha estado desentendido de estas urgencias. Ha habido muchos intentos de acometer reformas a componentes sustanciales del Sistema. Pero es cierto, como dice Benedetti, que el Congreso ha sido incapaz de hacer los cambios necesarios y suficientes. Es el mismo origen del Parlamento el que inhibe esa intención y esa posibilidad. Mientras no haya un sistema de partidos que aglomere de manera organizada y sería distintas visiones de la sociedad y del Estado, una rama judicial dedicada exclusivamente a impartir justicia y un presidencialismo que encarne efectivamente la unidad nacional, no será posible salirnos de la trampa de la violencia, la pobreza y el lento crecimiento económico.
Y tampoco de la eventualidad de una Constituyente o, en todo caso, de un órgano reformador distinto al congreso que haga lo que hay que hacer en materia de ajustes y reformas institucionales.