Muy al estilo de su proceder, el presidente recurre nuevamente a la estrategia de victimizarse y de buscar culpables de sus actos, o más específicamente, de sus desaciertos y de su limitada capacidad de gestión. Después de tres años de gobierno, y tras haber tenido durante un año y medio el control directo de cerca del 60% del sistema de salud de los colombianos, declara públicamente que el sistema colapsó porque “las EPS se las robaron” y que su Administración no cuenta con los recursos necesarios para salvarlo, desconociendo, entre otras cosas, que también durante su Gobierno se han presentado graves irregularidades.
En las postrimerías de su mandato, el presidente le dice al país que no hay nada que hacer frente a la atención en salud, desahuciando a la población, pues no ofrece soluciones ni un camino claro para enfrentar la crisis.
Su cacareada reforma a la salud, aún en trámite en el Congreso, en nada contribuye al rescate del sistema. La propuesta de atención preventiva podría ser útil si el sistema funcionara relativamente bien –como cuando llegó al poder–. En ese momento debió haber exigido a las EPS que la implementaran; pero pretender aplicarla en medio de un panorama de pacientes mal atendidos, hospitales colapsados y desabastecimiento de medicamentos, resulta inviable. La situación del sistema de salud constituye, hoy, una auténtica emergencia nacional. Lamentablemente, en lugar de ser fortalecido por la intervención estatal, ha sido llevado al borde del colapso por la improvisación y la falta de capacidad de gestión.
Hace un año y medio, el gobierno decidió intervenir la Nueva EPS –de la que era propietario en un 50%– y Sanitas, quedándose como decía, con el control de aproximadamente el 60% del sistema. La intervención se justificó con el argumento de organizarlas y recuperarlas; sin embargo, el resultado fue el contrario: quedaron profundamente debilitadas y la Nueva EPS terminó al borde de la liquidación, con más de 11 millones de afiliados, equivalentes al 22% de la población colombiana.
Durante este tiempo, la Nueva EPS ha tenido cuatro agentes interventores distintos, sin mayor experiencia para manejar la quinta empresa más grande del país. Con semejante rotación de administradores, ninguna organización podría sobrevivir. Mientras tanto, las deudas –que el mismo Gobierno reconoce como impagables– crecen, incumpliendo así su responsabilidad legal de garantizar el derecho fundamental a la salud. Una cosa son los malos manejos y eventuales saqueos, y otra muy distinta es abandonar el sistema y dejar a los pacientes a su suerte.
El caso de Manizales ilustra con crudeza el deterioro. Desde el 18 de julio se declaró la crisis hospitalaria en la ciudad: muchas IPS suspendieron la atención a pacientes de la Nueva EPS. El Hospital de Caldas enfrenta una ocupación en urgencias superior al 150% de su capacidad instalada. La mayoría de los pacientes requieren hospitalización, pero no hay camas disponibles. El área de obstetricia está en estado crítico: este hospital atiende el 65% de los partos de la ciudad, mientras que el Ospedale cubre el 35%. Ante el colapso, numerosas embarazadas han debido ser remitidas a ciudades capitales cercanas e incluso a Medellín y Cali, con todas las incomodidades y riesgos que esto implica. Además de lo anterior, hay otro tema que se esta complicando que son las dificultades que están teniendo las IPS para pagar la nómina del personal.