Las políticas antiinmigratorias se han recrudecido en el norte global. En Estados Unidos, el Gobierno de Donald Trump ha endurecido su postura mediante detenciones masivas, deportaciones y otras medidas que han provocado un drástico descenso en el número de migrantes colombianos en ruta hacia ese destino, de 111.000 en 2021 a solo 25.000 en lo que va de 2025. En Europa, el panorama tampoco es alentador, el Reino Unido volvió a exigir visas a los ciudadanos colombianos, Alemania limitó la recepción de solicitudes de asilo tras un aumento exponencial, y la Comisión Europea propuso catalogar a Colombia como “país seguro” con el fin de restringir las peticiones de refugio (Diego Stacey, 2025). Según el Centro de Migración Mixta —red global especializada en el estudio de los flujos migratorios—, estamos ante “un movimiento menos visibilizado pero significativo”, en el que cada vez más personas buscan nuevas oportunidades en el sur del continente (MMC, 2025). Son políticas de cierre, persecución y exclusión que han reconfigurado los flujos migratorios, provocando un fenómeno inédito de una migración inversa hacia Colombia.
La Defensoría del Pueblo (2025), indica que entre el 15 de enero y el 28 de febrero de este año ingresaron al país 1.885 migrantes, con un promedio de 84 personas diarias, provenientes principalmente de Centroamérica y Norteamérica. Del total, un 19 % son niñas, niños y adolescentes, muchos en situación de extrema vulnerabilidad. Colombia deja así de ser únicamente un país de salida o tránsito para convertirse también en territorio de acogida. Se evidencia, un fenómeno migratorio que plantea enormes desafíos y conlleva graves riesgos, entre ellos la trata de personas, las desapariciones, el reclutamiento forzado, los naufragios, las extorsiones, la discriminación y la estigmatización. A ello se suman vacíos en la protección de derechos, retrasos en los procesos de regularización migratoria, ausencia de mecanismos eficaces para proteger a la niñez y múltiples barreras de acceso a la salud, la educación y el empleo (Defensoría del Pueblo, 2025). Todo ello pone de manifiesto que el Estado colombiano no está preparado para brindar una respuesta integral ni para garantizar el cuidado de quienes llegan al país.
La urgencia de un nuevo enfoque fue uno de los ejes de la Segunda Revisión Regional del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), celebrada en Santiago de Chile del 18 al 20 de marzo de 2025. En el encuentro —organizado por la CEPAL y la OIM— gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones civiles y sector privado coincidieron en que América Latina y el Caribe, que albergan más del 15% de la población migrante mundial, necesitan fortalecer la cooperación, compartir buenas prácticas y garantizar que la movilidad humana sea gestionada “de manera efectiva, segura y humana” (CEPAL-OIM, 2025). En este contexto, el concepto de sociedad del cuidado se convierte en un marco imprescindible para repensar las políticas migratorias. Afirman Pineda y Perrotta, CLACSO (2023),el cuidado “no es una actividad privada ni una responsabilidad exclusiva de las familias, sino un principio político que debe orientar la organización social y estatal”. Reorientar la política migratoria implica superar la lógica del control y colocar en el centro la protección integral de la vida, garantizando derechos y condiciones dignas de existencia.
Pero también el cuidado es una condición de ciudadanía, bien lo señala la socióloga uruguaya, Karina Batthyány (2023), “sin cuidado no hay posibilidad de ejercicio pleno de ciudadanía” y, por lo tanto, exige políticas que aseguren salud, educación, empleo, vivienda y acompañamiento psicosocial, que reconozcan el aporte de las personas migrantes —especialmente mujeres— que sostienen economías enteras a través del trabajo del cuidado, muchas veces en condiciones precarias y sin derechos. En última instancia, la democracia se mide por la capacidad del Estado de proteger a quienes habitan su territorio.