En el actual contexto de crisis sociopolítica en Colombia -marcado por la polarización social, la fragmentación institucional y la pérdida de legitimidad de las estructuras representativas- resulta insuficiente insistir en que las reformas normativas son la única vía de solución.
Lo que está en juego no es simplemente un ajuste legal o procedimental, sino la necesidad de acoger las nuevas lógicas que hoy encarnan las juventudes, comprendidas normativamente en el país entre los 14 y 28 años. Es un segmento etario que interpela los marcos tradicionales de lo político, articulando formas emergentes de ciudadanía, democracia y acción colectiva. En contraste con los enfoques adultocéntricos que reproducen narrativas de apatía, el Barómetro de las Américas (2023) evidencia una participación juvenil activa que resignifica las gramáticas convencionales de la política.
Su papel fue decisivo en la elección presidencial del 2022, en la que alcanzan un 51% de participación, traduciendo en las urnas muchas de las demandas expresadas durante el estallido social del 2021. No obstante, sus formas de acción política no se agotan en los canales institucionales tradicionales. Por el contrario, despliegan prácticas emergentes y diversas -culturales, territoriales y digitales- que configuran una agencia juvenil capaz de redefinir lo político desde el arte, lo comunitario, las redes sociales y los lenguajes del disenso. Además, el 40% de los jóvenes entre 14 y 28 años participa activamente en organizaciones juveniles, deportivas o culturales, superando incluso a los mayores de 29 años.
Estos datos revelan la existencia de juventudes con sentido de agencia político-cultural, que no desentienden lo público, pero que tampoco se dejan atrapar por estructuras de representación que consideran ineficaces o ajenas. Es una brecha que hace necesario repensar las formas de gobernanza y los dispositivos de participación para no seguir desconociendo su papel transformador, muchas veces desde los márgenes, desde sus cuerpos y territorios, desde lenguajes que el Estado aún no ha sabido o querido escuchar.
En este sentido, Nancy Fraser, filósofa feminista estadounidense plantea una noción tridimensional de la justicia basada en la redistribución, el reconocimiento y la representación. Son dimensiones profundamente tensionadas que aplican a esta población que sigue siendo excluida de los procesos reales de toma de decisiones. No se trata solo de la ausencia de canales formales, sino de la incapacidad del Estado para comprender los repertorios simbólicos, digitales, territoriales y estéticos a través de los cuales los jóvenes ejercen su ciudadanía.
Persisten políticas públicas que insisten en integrar a los jóvenes a estructuras preexistentes, sin reconocer que están reinventando la política desde abajo, desde sus cuerpos, memorias y territorios.
Por otra parte, la Fundación Foro Nacional por Colombia (2023) advierte una creciente desconexión entre los mecanismos institucionales de participación y sus prácticas reales, que se evidencia desde el estallido social. Mientras solo el 10% participó en los Consejos Municipales de Juventud en el 2021 -instancias que tendrán nuevas elecciones el 19 de octubre-, un 84% se sintió representado en las protestas. Esta brecha refleja una transformación profunda de los sujetos políticos juveniles deliberativos, capaces de construir sentido político desde lenguajes alternativos, territorios y prácticas colaborativas como bien lo plantea la socióloga belga, Isabelle Ferrera.
La crisis colombiana no se resuelve desde el poder central, sino desde el diálogo con quienes aún creen que la democracia es una posibilidad. ¿Cómo incide la falta de voluntad política en el incumplimiento de las políticas públicas dirigidas a la población juvenil?