La narrativa presidencial de los últimos días ha estado enfocada en crear total desconfianza en el proceso electoral del 2026, año en el que los colombianos decidiremos el fin de este Gobierno o la continuidad de sus banderas en cabeza de un petrista pura sangre, que continúe el caos del socialismo del siglo XXI.
De manera obsesiva, Petro la ha emprendido contra la Registraduría Nacional, temeroso de la segura derrota en las votaciones del año entrante, afirmando que desconfía de la transparencia de las elecciones del 2026, sin pruebas ni argumentos sustentables, solo, porque Thomas Greg & Sons hace parte de la Unión Temporal que continuará con la impresión de los formularios y tarjetones electorales, la misma que ha vetado para la elaboración de los pasaportes y de cuya seriedad dan razón los procesos que esta multinacional colombiana ha cumplido en las elecciones en que Petro ha sido elegido representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y presidente de la República.
Venir a decir ahora que la participación de Thomas Greg & Sons es el mayor peligro para la democracia colombiana es un mayúsculo despropósito, y agregar a reglón seguido: “Yo no quiero aplazar las elecciones”, pone de manifiesto su recóndito interés. Sacar a Thomas Greg de la Registraduría era su primordial objetivo, pues sin material electoral no habría cómo hacer las elecciones del 2026.
Por fortuna, el 9 de julio el contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 de la que hace parte Thomas Greg & Sons, recuperando el país la confianza en el organismo electoral, gracias al recio carácter del registrador Penagos, que trancó las pretensiones del dictadorzuelo.
Este proceso contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que realizaron una vigilancia preventiva sobre el mismo.
Por todo lo anterior, el Pacto Histórico más parece una organización delictiva que un partido dispuesto a trabajar en bien del país. La vulneración de nuestra Carta Magna, como la convocatoria de una Asamblea Constituyente, así lo demuestra. La reforma laboral aprobada contra viento y marea, sutilmente escondió un mico dentro de sus 81 artículos, plasmado en el 19 y que habla de la redención de penas para personas privadas de la libertad, sin que esto nada tenga que ver con la reforma laboral.
Mediante el decreto 0799 de este mes, Petro le arrebató al Consejo de Estado la facultad de estudiar las tutelas en su contra, siendo una facultad reservada a la ley, artículos 228 y 229 de la Constitución. La paz total de Petro, carente de resultados, pero no de gravísimos escándalos, lleva gastados, al 30 de abril de este año, más de 310.000 mil millones de pesos.
La unidad de datos del diario La República reveló que, desde el inicio de este Gobierno, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), han firmado contratos por más de 726.661 millones de pesos. Las cuentas de corrupción en la UNGRD suman más de 1 billón de pesos, siendo responsables funcionarios del Pacto Histórico y del círculo más cercano de Gustavo Petro como Carlos Ramón González, compañero del M-19 y prófugo de la justicia. Su vergonzosa alocución del martes pasado, retrató de cuerpo entero no a un respetable jefe de Estado, sino a un irresponsable conductor de la Nación.