Con la decisión de la Corte Constitucional de devolver la reforma pensional para que en principio se subsanara el vicio de procedimiento del “pupitrazo limpio” en la plenaria de la Cámara, de nuevo salen a la luz falencias que debieron considerarse en desarrollo del proceso legislativo para impedir los inconvenientes que ahora retrasan la vigencia de la Ley 2381/2024, inicialmente fijada para el 1 de julio pasado.
Lo más preocupante corresponde al tema presupuestal, que para cualquier proyecto y máxime para este tan sensible de las pensiones es fundamental y de indispensable consideración para hacer posible la sostenibilidad en el tiempo, máxime cuando se están introduciendo nuevas variables de apoyo social que si bien son demasiado importantes y necesarias, representan cifras altamente significativas.
Es claro el consenso sobre la necesidad de que el alto volumen de la población vulnerable, representada por millones de personas de edad avanzada que hoy se encuentran sin una debida protección, sean cobijados por el sistema y esto perfectamente lo puede realizar el Gobierno sin poner en riesgo los ahorros que a lo largo de su vida han hecho millones de colombianos para su mesada pensional. Según experto consultado por El Tiempo, de cerca de los 2,3 puntos del PIB que debieran ahorrarse para asegurar el pago a los 1.8 millones de pensionados, solo se ahorran 0,5 puntos y se están gastando 1,8, acumulando un creciente y preocupante pasivo pensional.
Esta situación se puede, en buena forma, comparar con las famosas pirámides que utilizan los recursos captados de sus inversionistas para responder solo a los primeros que ingresen, con atractivas ganancias y así atraer otra gran cantidad de inversionistas, ofreciéndoles jugosas utilidades sin el debido apalancamiento financiero, lo que hace imposible que a los últimos les reconozcan sus ganancias y su capital invertido, que se ha quedado en los bolsillos de los primeros y de los dueños de la pirámide. Aunque esto es hipotético que suceda con el caso de las pensiones en nuestro caso colombiano, si pondrá en aprietos a los futuros gobiernos y aportantes por la segura necesidad de imponerles nuevas cargas en dinero y en aumento de edad para alcanzar tal beneficio. El asunto es que el Gobierno en el caso de Colpensiones, no ahorró hasta abril/2025 las mesadas que ahora paga. Esto avala la preocupación razonable de blindar los recursos del ahorro pensional que han acumulado millones de colombianos a lo largo de su vida laboral, en la suma de $550 billones, considerando además el fondo de garantía de pensión mínima administrado por los fondos privados para completar la pensión mínima a quienes no les alcanza su ahorro para lograrla.
En resumen, todos los tropiezos obedecen a la forma improvisada, impositiva y de incentivación ilícita mediante los cuales el Gobierno ha pretendido sacar adelante un proceso basado solo en sus exclusivos parámetros, sin contemplar los criterios de todos los actores comprometidos con el tema y con la realidad fiscal, administrativa, política, social, laboral e institucional del país.