NATALIA KIDD
EFE | LA PATRIA | BUENOS AIRES
El presidente argentino, Alberto Fernández, ha abierto un conflicto institucional con la Corte Suprema al negarse a acatar un fallo que obliga al Gobierno a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decisión en la que cuenta con el apoyo de gobernadores provinciales, pero que le enfrenta con la oposición, que ayer lo denunció penalmente.
La controversia tiene su origen en 2020, cuando el Gobierno del peronista Fernández recortó los fondos que debe girar a la capital, un estado autónomo como las provincias argentinas, en concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno capitalino, en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, de las principales figuras de la oposición, acudió entonces a la Corte Suprema, que ayer, por unanimidad, dictó una medida cautelar.
Esta obliga al Ejecutivo nacional a restituir a Buenos Aires el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2,32% actual, por lo que la ciudad debe recibir 180.000 millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.
Fernández, que ha iniciado su último año de mandato con serios desequilibrios económicos aún no resueltos y mantiene abiertas críticas al Poder Judicial, tachó el fallo de "político", "incongruente" y "de imposible cumplimiento" y decidió recusar a los miembros del máximo tribunal y solicitar la revocación de la medida.
La decisión fue respaldada por los gobernadores de 14 de las 23 provincias argentinas, que pedirán a la Corte ser tenidas como partes en la causa, en tanto que ayer otros cuatro mandatarios provinciales también expresaron su preocupación por el conflicto abierto.

Cuestión constitucional
Sin embargo, el alcalde capitalino rechazó, en una rueda de prensa ofrecida ayer, que el fallo afecte los fondos que reciben las provincias y anticipó que, si el Ejecutivo nacional no cumple con el fallo, denunciará judicialmente a los funcionarios responsables.
"El presidente tiene que hacerse responsable de esta decisión de violar la Constitución", afirmó Rodríguez Larreta, que se perfila como posible candidato a las presidenciales del 2023.
A su juicio, la decisión del mandatario de incumplir el fallo quiebra "el orden constitucional", viola "el estado de derecho y la democracia" y constituye "el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular la Justicia".
Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, "hay un claro incumplimiento de la Constitución" en la decisión del jefe de Estado de no acatar el fallo.
"Claramente, lo que se está produciendo es un desacato, desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, es decir, lo contrario de lo que debe hacer un poder que se encuadra dentro de la Constitución", dijo Sabsay.
Todo este conflicto de poderes no hace más que profundizar la grieta política en una Argentina que se encamina a un complejo proceso electoral el próximo año.
"El presidente tomó una decisión conflictiva y que genera, nuevamente, una ancha grieta", dijo el analista político Jorge Arias, de la consultora Polilat.
Para el experto, "ante este conflicto de poderes nadie es inocente, ni el presidente, ni el jefe de Gobierno de la ciudad, ni los gobernadores, ni los miembros de la Corte Suprema", sino que "todos están, en definitiva, alineándose en una grieta en torno a las próximas elecciones".

Fernández, denunciado penalmente
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado penalmente ayer por fuerzas de la oposición acusándolo de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además, la denuncia se extiende a funcionarios del gabinete de Fernández, como el ministro de Interior, Eduardo De Pedro; el de Economía, Sergio Massa; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.