En zona rural de Apía (Risaralda) tenían programado un evento de deportes extremos denominado “Desafío Hard Enduro”, que recorrería varias zonas protegidas del municipio.

La competencia de motociclismo extremo, estaba programada para el 27 de julio, y según indicó la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) estaba siendo organizada sin permisos ambientales y dentro de la zona protegida de la Cuchilla del San Juan.

Durante una visita técnica, funcionarios de la Carder confirmaron la existencia de tala de árboles, afectación de humedales, destrucción de corredores biológicos y alteración de suelos, todos en un ecosistema altamente sensible. 

La intervención fue realizada para habilitar una pista de competencia, sin contar con licencias ni autorizaciones por parte de la autoridad ambiental.

“El daño es evidente. Estas acciones no solo son ilegales, sino que comprometen la estabilidad de un ecosistema clave para el equilibrio ambiental del departamento”, declaró Julio César Gómez Salazar, director general de la Carder, quien presidió un comité técnico extraordinario para atender la situación.

Entre las medidas adoptadas se anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de ecocidio, sustentado en los derechos de la naturaleza reconocidos en la legislación colombiana.

Durante la reunión, el director Gómez hizo una llamada en vivo al presunto organizador del evento, Juan Camilo Agudelo, con el fin de advertirle directamente sobre la gravedad del delito. 

En la conversación, se le explicó el impacto ambiental generado: desde la deforestación ilegal y el daño a especies vegetales nativas, hasta el desplazamiento de fauna provocado por el ruido de los motores.

Además, la Carder denunció que los organizadores estaban vendiendo entradas desde $80.000 sin informar sobre los impactos ambientales ni contar con aprobación oficial. 

La entidad calificó esta conducta como “una práctica irresponsable que vulnera las normas ambientales y pone en riesgo el patrimonio natural del país”.

En caso de que se intente llevar a cabo el evento, la corporación anunció que desplegará operativos conjuntos con la Policía Nacional, los cuales incluyen decomiso de motocicletas, imposición de comparendos ambientales y apertura de procesos sancionatorios a los involucrados.

“Desde la Carder rechazamos con vehemencia este tipo de acciones que buscan convertir nuestros ecosistemas en pistas de destrucción. Las áreas protegidas tienen un propósito superior: garantizar la vida, la sostenibilidad y el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano”, puntualizó el director Gómez.

Finalmente, la entidad recordó que territorios como la vereda Agualinda están amparados por normas ambientales estrictas, y que cualquier intervención en estas zonas requiere estudios previos, licencia ambiental y seguimiento técnico especializado.

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