El Ejército de Liberación Nacional (Eln) declaró objetivo militar a los transportadores que distribuyan productos para Tiendas D1 en Risaralda y Chocó.

La advertencia, hecha a través de un panfleto firmado por el Frente de Guerra Occidental, responde a la negativa de la empresa de pagar el llamado impuesto de guerra.

En el texto, el grupo guerrillero asegura que D1 “es un modelo de supermercados a bajo costo” propiedad del holding Valorem S. A., de la familia Santo Domingo.

Acusan a la compañía de obtener millonarias utilidades mientras mantiene “condiciones laborales indignas, jornadas excesivas y maltrato a empleados”.

El panfleto señala que los encargados de D1 en el Chocó se niegan a pagar la extorsión y que, “mediante artimañas, engañan a empresas transportadoras y particulares” para movilizar sus productos. El Eln advierte que cualquier vehículo que transporte mercancía hacia estos almacenes será atacado.

Foto | Tomada de redes sociales | LA PATRIA

Este es el comunicado en el que el Eln amenaza a D1.

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Advertencia directa a Tiendas D1 en Risaralda y Chocó

“Señores transportadores, no se dejen engañar ni pongan en riesgo su patrimonio económico. Desde la fecha, cualquier automotor que se preste para llevar mercancías de D1 en Chocó y Risaralda será considerado objetivo militar”, indica el mensaje.

La amenaza encendió las alarmas del gremio transportador y de autoridades regionales, que ya coordinan medidas para proteger a los conductores y la cadena de suministro.

Aunque la advertencia es seria, en los últimos años no se han registrado ataques contra vehículos de D1 gracias a la presencia y acompañamiento del Ejército Nacional en las rutas de distribución y en el occidente del Eje Cafetero, particularmente en la vía Pereira-Quibdó, corredor principal entre las capitales de ambos departamentos.

El Ministerio de Defensa informó que reforzará la seguridad en los corredores viales de ambos departamentos. Por su parte, el Ministerio del Trabajo recordó que recientemente pidió a D1 revisar sus modelos de contratación tras recibir denuncias por abusos laborales.

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