La Plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley radicado por el Ministerio de Educación que transforma el financiamiento de la educación superior pública en Colombia.

Se aprobó con 60 votos por el sí y cero por el no. El proyecto modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.

Una vez se surta todo el proceso legislativo las universidades y las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias estatales recibirán recursos de acuerdo al incremento del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), así como asignaciones adicionales para su funcionamiento.

Lo anterior se traduce en que las Instituciones de Educación Superior recibirán automáticamente más recursos, asegurando financiación estable, calidad académica y mejores condiciones para estudiantes, docentes y administrativos.

El Ministerio de Educación expone que este avance no se queda solo en la inversión: también se fortalece la transparencia.

Siguiente paso

"El articulado aprobado faculta a las comunidades educativas para conformar veedurías ciudadanas que vigilen de cerca los recursos públicos destinados a la educación superior. Estos procesos contarán con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, garantizando un verdadero control social, participativo y transparente", asegura la cartera. 

El Ministerio de Educación celebra este avance que se acerca a la promesa de poner a la educación en el centro del desarrollo del país y a la garantía del derecho fundamental a la educación superior.

"Con esta reforma empezamos a cerrar la brecha histórica de la educación superior pública: destinaremos progresivamente recursos hasta llegar al 1% del PIB y por fin incluimos a las instituciones técnicas y tecnológicas que habían sido olvidadas", indicó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

¿Qué propone el proyecto de ley?

Plantea un modelo de financiamiento progresivo que garantice recursos suficientes y sostenibles en el tiempo. Entre sus principales propuestas se destacan:

Un ajuste presupuestal realista: los recursos destinados a las instituciones públicas se calcularán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el que sea mayor.

Un incremento de la inversión: se propone que la financiación de la educación superior pública aumente progresivamente hasta alcanzar el 1% del PIB en los próximos 15 años, acercándose a los estándares internacionales.

Expansión de la oferta educativa: se priorizará la apertura de programas en los más de 800 municipios que hoy no cuentan con instituciones de educación superior.

Mejores condiciones para docentes y estudiantes: se fortalecerá la planta docente y se implementarán medidas para mejorar el bienestar universitario, incluyendo protocolos efectivos contra la violencia de género.

Reacciones 

María Fernanda Carrascal Rojas, congresista 

Nuestro proyecto político cumplió con la gratuidad en las universidades públicas, y sin duda cumplirá con transformar de manera definitiva la fórmula anacrónica de la Ley 30 que infligió una desfinanciación progresiva durante tres décadas.

Jennifer Pedraza Sandoval, congresista 

Hay días que resumen años: hoy es uno de esos. La plenaria del Senado acaba de aprobar en segundo debate nuestro proyecto para aumentar la financiación de las universidades (...).

Gabriel Becerra, congresista 

Haremos todos los esfuerzos necesarios para que este proyecto llegue a feliz término y logremos cumplir el sueño de generaciones de jóvenes que han luchado por una educación pública, gratuita y de calidad.

Wilson Arias, congresista 

¡Lo logramos! En Senado acabamos de aprobar la reforma a la Ley 30: los gobiernos deberán llegar a destinar al menos el 1% del PIB a la universidad pública. No más privados enriquecidos con recursos de la educación, sí a una educación pública fuerte y garantizada.

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