La Contraloría General de la República confirma un diagnóstico compartido desde hace años por el sector educativo: el modelo de financiación de las universidades públicas en Colombia, establecido por la Ley 30 de 1992, está desfasado frente a las necesidades reales del sistema y a los retos del país. 

La estructura actual, basada en un crecimiento presupuestal atado exclusivamente a la inflación o Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha generado una brecha estructural que pone en riesgo la calidad, la cobertura y la sostenibilidad de la educación superior pública.

Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), los gastos de las universidades crecen en promedio cinco puntos por encima del IPC, generando un déficit acumulado y progresivo. 

Durante el período de análisis - 2000 a 2022 - mientras la población atendida por las IES públicas creció un 169%, la base presupuestal lo hizo apenas en un 62% en términos reales, lo cual evidencia el carácter acumulativo y estructural del desfinanciamiento.

Buscan la reforma 

Ante esta situación, el Gobierno del Cambio radicó en el Congreso un proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30. La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Sexta del Senado, propone un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas y las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (ITTU), que permita superar el rezago estructural de recursos.

Entre sus principales componentes se destacan la sustitución del IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como referencia de actualización presupuestal, la vinculación del crecimiento de los aportes al crecimiento real del PIB y la inclusión de criterios de calidad, cobertura, equidad e inclusión. 

Además, se incorpora un cálculo per cápita indexado al ICES para garantizar el financiamiento de nuevos cupos y se establece una base presupuestal equivalente al 0,05% del PIB para las ITTU. 

La meta es que hacia el año 2040 la inversión en educación superior represente el 1% del PIB.

Recursos extraordinarios para fortalecer el sistema

Mientras avanza esta reforma estructural en el Congreso, el Ministerio de Educación ha desplegado una estrategia integral para fortalecer a las universidades públicas. Entre 2022 y 2025, el presupuesto del sistema universitario público pasó de $8,4 billones a $12,7 billones. Solo en funcionamiento e inversión, se transfirieron más de $4,5 billones adicionales.

Estos recursos permitieron aumentos por encima del IPC: en 2023 se asignaron $343 mil millones (equivalentes a 7 puntos por encima del IPC), en 2024 $517 mil millones (9 puntos) y en 2025 $735 mil millones (11 puntos). 

A lo anterior se suman $96 mil millones para el funcionamiento de las ITTU no vinculadas presupuestalmente a la Nación, $12 mil millones para el fortalecimiento de la Universidad Indígena Intercultural, $600 mil millones para planes de fomento a la calidad y cerca de $1,75 billones para infraestructura.

Deudas en las universidades 

La alerta de la Contraloría también señala el crecimiento del pasivo pensional, especialmente en universidades como la Nacional, la del Valle y la de Antioquia, que acumulan compromisos por $8,3 billones, siendo la Universidad Nacional la más afectada con $4,5 billones. Este pasivo se ha generado por compromisos adquiridos antes de la expedición de la Ley 100 y se mantiene como una carga creciente sobre las finanzas institucionales.

Las instituciones de educación superior están obligadas a realizar cálculos actuariales actualizados para la aprobación del Ministerio de Hacienda; sin embargo, algunas entidades están trabajando con bases de datos desactualizadas, lo que genera incertidumbre sobre el monto real de la deuda. 

En respuesta, el Gobierno nacional ha venido cumpliendo con el pago de pensiones en el marco de los pactos de concurrencia tanto para las IES de orden nacional como para algunas regionales. 

En el caso de la Universidad Nacional, está pendiente la elaboración y aprobación del cálculo actuarial. En el caso de la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, ya existen cálculos actuariales aprobados y acuerdos con las entidades territoriales. 

Otros problemas 

Otro tema crítico es el impacto del régimen salarial docente (Decreto 1279 de 2002), que permite la acumulación de puntos por productividad académica. 

Este esquema ha generado aumentos significativos en el gasto de personal. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, el costo salarial creció un 76% entre 2017 y 2024. Para aliviar esta presión, el Gobierno ha transferido recursos adicionales y adelanta una reforma del Decreto 1279, con el fin de establecer topes sin afectar derechos adquiridos y promover un concepto de productividad más diverso y sostenible.

En cuanto a la gratuidad, el Gobierno mantiene su compromiso con una educación superior sin matrícula. En 2024, 874 mil estudiantes accedieron a este beneficio, con una inversión de $2,3 billones.

El Ministerio ha fortalecido los controles para evitar cobros indebidos y avanza hacia un modelo de financiación desde los recursos de funcionamiento. 

En materia de formalización laboral, el Decreto 391 de 2025 establece lineamientos para que cada institución defina, según su autonomía, un plan gradual y responsable. Aunque la Contraloría señala la necesidad de financiación adicional, el decreto establece fuentes claras para su implementación.

Finalmente, la inversión en infraestructura educativa también ha sido una prioridad. A abril de 2025, se ejecutan 142 proyectos en 76 municipios del país, con una inversión de $1,4 billones. Se proyectan otros $1,2 billones en vigencias futuras. 

Entre los casos emblemáticos están la nueva sede de la Universidad Nacional, con una inversión de $70 mil millones ya en ejecución, y el proyecto de ampliación en Tumaco.

*Con información del Ministerio de Educación. 

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