LA PATRIA | MANIZALES

Jorge Iván Muñoz Builes deberá pagarles a sus víctimas, tras el fallo de un incidente de reparación integral por tumbar a un tío y a la esposa de este.

A él lo condenaron a siete años y ocho meses de prisión. Todo empezó con la negociación de un bus de transporte público, afiliado a una cooperativa de Chinchiná, por $153 millones. El contrato de compraventa se firmó en el 2010. El sobrino, quien figuraba como comprador, jamás cumplió con la adquisición.

La esposa del tío, quien aparecía como propietaria del vehículo, fue engañada, pues confiaba en que el hoy condenado iba a actuar de forma transparente, al punto que le firmó una letra en blanco, para un supuesto autopréstamo por $7 millones.

Lo que nunca supieron las víctimas, hasta que fue tarde, es que al tiempo Muñoz Builes pignoró el vehículo a una prestamista.

Primero llenó la letra por un valor de $70 millones y, segundo, se valió de documentos falsificados: huellas y autenticaciones falsas de una notaría, para inscribir la prenda del vehículo a nombre de la prestamista, en la Secretaría de Tránsito de Manizales.

Cambios

En el 2011 se sorprendieron cuando los llamaron para anunciarles que les embargarían el vehículo. Hasta ese momento no conocían a la prestamista, quien recibió instrucciones de Muñoz Builes para que no exhibiera el documento donde figuraba la prenda inscrita, durante un tiempo determinado.

Ese lapso, al parecer, lo aprovechó para consolidar su engaño. Las víctimas, en el afán de conservar el vehículo, comprado en su mayoría con una liquidación del tío, más un crédito con una entidad financiera, llegaron a un acuerdo con la acreedora en un proceso civil. Sin embargo, al final también perdieron el bus.

La denuncia se interpuso en el 2011. En el 2014 se formuló imputación de cargos y las demás etapas se cumplieron siempre con el acusado ausente, que nunca dio la cara.

El proceso requirió en tres ocasiones de la intervención del Tribunal Superior de Manizales por apelaciones de las partes, para que se admitieran puertas y se negara la preclusión. El representante de víctimas, Hernando Rocha, fue el más activo en la sustentación de estos recursos.

A pagar

Tras la confirmación de la condena por fraude procesal y falsedad material en documento público se tramitó el incidente de reparación, que es cuando los afectados reclaman ser indemnizados.

Por daños materiales pidieron $125 millones, más $400 mil por desplazamientos desde Chinchiná (donde viven) hasta Manizales (donde se adelantó el proceso penal). Por perjuicios morales consideraron que debía reconocerse a cada víctima de a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por daño a la vida de relación, 50 salarios y $20 millones por los honorarios pagados al abogado que los representó.

En ambas instancias, juzgado y Tribunal, ordenaron pagarles a los afectados $113 millones 916 mil, $20 millones y $400 mil por perjuicios materiales; y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daños morales (no se aclara en el fallo con base en qué año).

En los interrogatorios realizados se pudo establecer que el actuar de Muñoz Builes les causó mucho daño, dolor, angustia y hasta afectación en la salud, pues la buseta que tuvieron que vender para pagar lo que no habían recibido, era la que tenían para asegurar su vejez. Situación aunada al rompimiento de la relación familiar, toda vez que el acusado era sobrino de la víctima

Las condenas por el proceso penal se dieron el 6 de septiembre y el 15 de octubre del 2019.