En la Universidad Católica de Manizales se llevó a cabo este jueves (25 de septiembre) la audiencia pública sobre el proyecto de ley de la Paz Total, que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro, pero más que aceptación, recibió críticas y hasta se escucharon denuncias ante el recrudecimiento de la violencia en Caldas.

Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior, criticó la propuesta al considerar que los grupos armados al margen de la ley que pretenden beneficiarse no tienen ninguna ideología y solo pretenden que el narcotráfico obtenga beneficios como la legalización del 12% de sus bienes, lo que se constituye en un lavado de dinero.

Reconoció que los homicidios aumentaron en la capital de Caldas, que el año pasado registró 27 y fue motivo de orgullo para la administración de Jorge Eduardo Rojas, pero hoy, con 25 hasta la fecha, el panorama es otro.

La secretaria manifestó que estas cifras obedecen a la restructuración de los mandos del narcotráfico y aunque no puede confirmar que se trate de la presencia del Clan del Golfo, sí cuenta con "subcontrataciones importantes".

Sánchez denunció que a raíz del recrudecimiento de la violencia en Caldas, hoy se nota un aumento preocupante en los desplazados provenientes de otros municipios del departamento, y relacionad esto con la situación del orden público en el país.

Víctimas, prevenidas ante el proyecto

A sus inquietudes se sumó Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara, quien criticó el incumplimiento del Estado, en este y gobiernos anteriores, con las víctimas y dijo que Colombia no soporta una expectativa más que no se pueda cumplir, en referencia a la Paz Total.

El líder político del Nuevo Liberalismo también manifestó su inquietud ante el aumento de homicidios en las capitales del Eje Cafetero ante un cambio de mando, antes con Cordillera, ahora con otro grupo que, según él, tiene hostigada a la región.

Representantes de las víctimas pidieron que en este proyecto de ley existan capítulos especiales, pues sienten que no hay equidad frente a los victimarios, además denunciaron la desfinanciación de la Ley de Víctimas.

Reclamaron agilidad en la indemnización para personas que llevan toda su vida esperando respuesta, al considerar que esto podría dar calidad de vida especialmente a los adultos mayores.

Las críticas también se dieron contra las distintas autoridades en Caldas, dado que no se escuchan las alertas tempranas, tampoco hay rutas específicas y el Gobierno nacional no las está acompañando.

Ethel Castellanos, representante del Gobierno nacional, sostuvo que este proyecto de ley es complejo y con dificultades desde lo ético, jurídico y político, pero a todos los sectores los mueve el objetivo de tener una paz con dignidad.

Dedujo que esta es una apuesta de Estado, con esfuerzos previos, enseñanzas, dificultades y limitaciones, y se pretende cerrar ciclos de violencia y abrir otros de justicia y reconciliación, por eso tiene un enfoque territorial.

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