29 años de prisión pagará el coronel manizaleño de la Policía, Benjamín Darío Núñez Jaramillo, por el asesinato de tres jóvenes el pasado 25 de julio del 2022 en Chochó (Sucre).

Un juez avaló el preacuerdo al que el hoy condenado llegó con la Fiscalía por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, falsedad en documento público y alteración o destrucción de material probatorio.

La investigación mostró que Núñez les disparó con su arma de dotación en una zona desolada a Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo, quienes estaban indefensos, como represalia por el homicidio del patrullero Diego Ruiz, caso con el que nada tuvieron que ver sus víctimas.

Cómo fue

A los occisos los abordaron miembros de la Policía de Sincelejo por orden del coronel, quien se desempeñaba como comandante operativo, y en plena vía pública los detuvieron, los golpearon y los obligaron a subir a una camioneta.

Tras atacarlos a bala, los mismos uniformados los trasladaron al hospital Fundación María Reina, ya sin signos vitales. El coronel les pidió a sus subalternos que registraran información falsa en sus informes para hacer pasar a los tres jóvenes como miembros del Clan del Golfo, supuesto responsable del asesinato del patrullero en Sampués.

El grupo investigador de la Fiscalía también determinó que Núñez incidió para que se ocultaran los orificios y rastros que quedaron en el vehículo tras el uso del arma de fuego, para intentar desviar las investigaciones.

Multa

El coronel Benjamín Núñez tendrá que pagar también una multa de $116 millones. Está recluido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué.

Los otros procesados

Por estos hechos también investigan a los patrulleros Álvaro Antonio Álvarez, Yamith Henao, Uber Guillermo Mieles, Bernardo Pontón, Diana Marcela Puerta, Leila Carolina Ávila, Rafael Paz Barbosa, Santiago Garavito Díaz, Jesús María Bolaño Castro y a la subintendente Carolina Buriticá, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, privación ilegal de la libertad; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; favorecimiento y falsedad ideológica en documento público.