Foto | Tomada de Chiquita Brands | LA PATRIA
La financiación de Chiquita Brands a estos grupos paramilitares desencadenó en delitos como homicidios y desaparición forzada.
Entre 1995 y el 2004, empresarios de Chiquita Brands y sus empresas filiales entregaron 1 millón 700 mil dólares a las Autodefensas Unidas de Colomba (Auc) en la región de Uraba, para la protección de sus instalaciones y trabajadores, según expuso la Fiscalía General de la Nación.
Ante las pruebas que entregó el ente acusador, una juez penal especializada de Antioquia declaró culpables a directivos y funcionarios de la empresa bananera, por financiar el paramilitarismo. Por concierto para delinquir agravado pagarán 11 años y 3 meses de prisión y se emitió la orden de captura.
"El fallo es contra los directivos de Banadex y Banacol: Charles Dennis Keiser, John Paul Olivo, José Luis Valverde Ramírez, Fuad Alberto Giacoman Hasbún, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Álvaro Acevedo González", explicó la Fiscalía.
Además, tendrán que pagar 7.950 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos y tendrán inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la condena.
Así financiaron a los paramilitares
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos expuso que durante nueve años, los hoy condenados acordaron con alias Pedro Ponte, comandante del bloque Arlex Hurtado, financiar al grupo armado ilegal con tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado desde la región.
En ese periodo, Chiquita Brands International INC, empresa estadounidense, efectuó cerca de 100 pagos a través de sus filiales en Colombia Banadex y la empresa Banacol.
"La legalización de los pagos se hizo a través de servicios prestados de protección y vigilancia que realizaron siete cooperativas de vigilancia y seguridad privadas conocidas para la época como Convivir", añadió la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, dichas cooperativas contaban con personería jurídica y reconocimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Dicho financimiento a estos grupos armados desencadenó en homicidios de líderes sociales y campesinos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y la compra de 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos.
Por estos hechos terminaron absueltos Javier Ochoa Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Víctor Manuel Henríquez Velásquez.
*Con información de la Fiscalía General de la Nación
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