Mónica Eugenia Morales Cardona, gerente del Hospital San Antonio (Marmato), habló de la apertura de la investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación contra tres gerentes hospitalarios de Caldas. En el listado aparece su nombre.

También se ve allí a Wilson Didier Carmona Duque, gerente del Hospital Felipe Suárez (Salamina); y a Cristian Alejandro Parra Rojas, gerente del Hospital San Cayetano (Marquetalia). Los tres están llamados a crear la Oficina de Control Interno Disciplinario en sus instituciones.

"En el estricto cumplimiento de la ley, como gerente, he agotado todos los procedimientos administrativos y técnicos correspondientes para darle solución al asunto. Llevé este tema a junta directiva, en dos ocasiones, donde se expuso la necesidad de crear el cargo", dijo Morales.

Ella agregó: "Es importante que la ciudadanía tenga claro que los nuevos cargos no se crean a través de un trámite automático de nombrar por nombrar, sino que su creación debe responder a necesidades reales de una institución".

Morales precisó que, en la actualidad, el San Antonio no cuenta con una planta de personal extensa que sustente la necesidad de la contratación que hoy exige la Procuraduría. LA PATRIA conoció que fijos no se supera la cifra de 13 colaboradores (3 de carrera administrativa, los demás son nombramientos reglamentarios).

"En este contexto, la norma solicita el pago de un perfil de abogado en ese cargo, con amplios recursos asignados de forma financiera (entre $5 y $7 millones). Con nosotros sus funciones serían mínimas o incluso inexistentes", dijo.

La gerente mencionó que, en su hospital, no se tienen registros -por lo menos desde el 2019- sobre denuncias en contra de funcionarios, en las que se requiera o sea necesaria la intervención de ese perfil profesional que hoy les exigen.

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De la sostenibilidad

"El análisis tiene que ser compatible con el marco fiscal y asegurar que exista disponibilidad presupuestaria para garantizar, en el tiempo, ese gasto", subrayó Morales, que recordó la crisis del sistema de salud, donde -por el retraso del pago de la atención de los usuarios- los compromisos con los proveedores, las nóminas y demás se ven afectados.

El dinero que se requiere para garantizar este profesional, advirtió Morales, es un monto considerable por el que se elaboró -desde el San Antonio- un estudio de viabilidad técnica financiera que fue presentado a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC).

"Estamos en espera de un concepto para poder continuar el trámite. Como gerente de la entidad, he enfocado siempre mi atención en proteger desde la sostenibilidad fiscal de la institución", resaltó.

Morales añadió que, el suyo, es un hospital que está equilibrado financieramente, pero que no cuenta con los recursos necesarios para proceder de inmediato y que tampoco lo puede hacer, sin autorización previa.

"El requerimiento de la Procuraduría se respondió de forma oportuna, bajo las condiciones de ley. Estamos cumpliendo con todos los aspectos que se necesitan. Este es un hospital muy pequeño y se debe cuidar el proceder. Esperemos que la respuesta de la Procuraduría permita aclarar la situación", concluyó Morales.

Mónica Eugenia Morales Cardona.

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