Como resultado de las negociaciones de paz con las Farc, en el punto de participación política se incluyó la necesidad de realizar una gran reforma en Colombia que apunte a ampliar la participación ciudadana, a tener un sistema electoral menos corrupto, a fortalecer los partidos políticos y evitar que ingresen dineros ilegales a las campañas, entre otros aspectos que desde hace tiempo se vienen señalando como indispensables para limpiar la política, acercarla a los ciudadanos y luchar contra los altos niveles de abstención. 
La verdad es que no era necesario que saliera de un acuerdo de paz para que fuéramos consientes de la urgencia de impulsar estos cambios para el bien de la democracia colombiana. Ahora bien, al ser producto de dicho pacto, la reforma ya comenzó en el Congreso de la República su trámite por vía fast track, de cuyos cuatro debates ya se surtió uno en la Cámara. La idea es que para octubre próximo esté aprobada.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha dicho que no se busca complacer a las Farc, como lo han dicho algunos sectores políticos, y en eso tiene razón, pues una buena reforma nos beneficiaría a todos. Sin embargo, actualmente hay tres propuestas (una de la Cámara, una del Gobierno y otra de los expertos de la Comisión Electoral Especial) que podrían generar una colcha de retazos y que solo terminaría favoreciendo a sectores políticos resistentes a introducir cambios que pongan en riesgo sus prácticas clientelistas. Los tres debates que faltan serán intensos, y la verdad es que no puede descartarse que una vez más queden frustrados todos esos cambios que se necesitan.
En el proyecto que presentó el Gobierno hay puntos positivos como que nadie pueda ser elegido por más de tres periodos consecutivos en la misma corporación pública (concejos, asambleas y Congreso), también se baja la edad requerida para ir a la Cámara (de 25 a 21 años) y al Senado (de 30 a 25 años) y se incentiva la participación de los jóvenes y de las mujeres al darles beneficios comparativos en materia de financiación estatal de sus campañas. También se concreta el voto electrónico y se establecen mecanismos tecnológicos para facilitar la participación de todos los colombianos en las votaciones.
No obstante, desde la Cámara se vienen promoviendo ideas en contra de la corriente. La buena propuesta de que las campañas no puedan pagar el transporte de sus electores el día de votación, y que ello sea responsabilidad del Estado ya tiene reparos. Ocurre igual con la prohibición de entrega de donaciones, dádivas y regalos a los ciudadanos. Tampoco es bueno que se piense en mantener el origen político de los magistrados del Consejo Electoral Colombiano, y menos que se les sigan dando funciones electorales a las cortes, y peor aún que el mismo Congreso y el Gobierno tengan esa posibilidad. Eso debilitaría los supuestos dientes que le darían a ese organismo para investigar y castigar conductas irregulares.
Hay que estar muy atentos a cómo evolucionen las discusiones sobre las listas cerradas para todos los partidos, que estaban previstas desde el 2019, pero que ahora se plantean para el 2022. Se debe tener claro que sin listas cerradas de nada servirá que el Estado financie las campañas, pues no habría forma posible de controlar a miles de candidatos buscando curul. Igual ocurre con la discusión de los mecanismos para la pérdida de investidura, que según la propuesta de la Cámara sería debilitada, le quitaría facultades a la Procuraduría y a la Contraloría e impediría sacar de manera efectiva a los corruptos de la política.

Se sabía que no iba a ser una reforma fácil por tocar de manera directa los intereses de los congresistas, pero lo que no puede aceptarse es que salga un esperpento que resulte peor que lo que hay. Está en juego la legitimidad del sistema político y en eso no debería haber ligerezas. Esperamos que el Congreso sea serio y apruebe una reforma que ponga los intereses del país por encima de los suyos.