La Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que estuvo a punto de hundirse en el Senado de la República, finalmente fue aprobada por esa corporación luego de hacerle algunas modificaciones que la bancada del Centro Democrático (CD) consideró necesarias, antes de dar su aval. Los puntos esenciales que fueron cambiados en la conciliación con la Cámara de Representantes tienen que ver con la congelación de los casos de militares y la creación de un tribunal especial que los juzgue en el interior de la JEP, y con la limitación de esa jurisdicción para practicar pruebas en los casos de exguerrilleros de las Farc en los que haya de por medio una solicitud de extradición.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos celebró que la JEP tenga ya su Ley de Procedimiento y anunció que sancionará el documento para que pueda comenzar a aplicarse, dijo que le pedirá a la Corte Constitucional que revise con especial interés las modificaciones realizadas a última hora en el Senado. Habrá que esperar el dictamen del alto tribunal para saber quién gana el pulso acerca de esta norma y de la JEP, de cuya equilibrada aplicación depende el futuro de la construcción de paz en el país, a la luz de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Si no hay garantía en ello, se le estaría abriendo la puerta a la Corte Penal Internacional (CPI) para que intervenga en Colombia.
No obstante, ya se anuncian demandas desde otros sectores a los dos artículos introducidos por el CD, por considerarlos inconstitucionales. Como sea, lo importante es que la JEP pueda actuar para avanzar rápido en el trámite de los procesos de los excombatientes que sean culpables de delitos relacionados con el conflicto armado, y se empiece a avanzar en la desactivación para siempre de las posibilidades de volver a la guerra. Sería lamentable que por tratar de establecer doble rasero para los distintos victimarios se termine rompiendo el equilibrio que se ha buscado a favor de las víctimas, lo que podría generar nuevas inconformidades y riesgos de violencia. Peor aún que militares de alto rango sean presionados para apoyar los cambios introducidos en la norma, tal y como fue denunciado ayer. 
Hoy es un hecho incontrovertible que una peligrosa guerrilla fue desarmada, que los hospitales militares están sin pacientes, que hay un ahorro de miles de víctimas, entre ellos muchos soldados y policías, y que el ambiente de paz ha servido para que la inversión extranjera y los turistas de todo el mundo muestren de manera palpable un creciente interés por Colombia, lo que tiene un impacto muy positivo para nuestra economía y para nuestra imagen internacional. Retroceder en el camino de construcción de paz sería absurdo, cuando ya hay evidencias suficientes de los beneficios que para el país ha representado dejar atrás el conflicto armado con las Farc.

Contrario a las riesgosas posibilidades de que haya un resurgimiento de la violencia, el trabajo desde el Congreso, desde el Gobierno Nacional, desde la dirigencia gremial y desde la sociedad civil debería ser la creación de condiciones necesarias para consolidar la reconciliación entre los colombianos. Todo lo que se gane en convivencia pacífica se convertirá en fortaleza de una sociedad que tiene múltiples capacidades para crear y para crecer de manera muy positiva para el bien de todos. Ojalá entendamos que solo en la medida en que no sigamos alentando las discriminaciones y los odios será posible escribir una nueva página de un país próspero y con un mejor futuro.