Derechos fundamentales contenidos en la Constitución como el del trabajo, la libre locomoción, el uso del espacio público, entre otros, se ven con frecuencia en conflicto, debido a la proliferación de ventas ambulantes en calles, parques y otras zonas que existen para el disfrute de los ciudadanos en general. La conciliación de esos derechos y un justo equilibrio que sea positivo para la ciudad, en el caso de Manizales, no ha sido posible, y hay permanente tensión que a veces termina con episodios en los que hay abusos o respuestas desproporcionadas.
A veces no se entiende algo que debería ser mandato para todos: el bien general siempre está por encima del bien individual, y en un sistema democrático como el nuestro debe ejercerse un respeto por el otro que garantice la protección de sus derechos. En este sentido, desde las administraciones municipales tienen que trazarse políticas claras que sean entendidas por todos y que resulten equilibradas. Cuando alguien toma ventaja frente a otros en el uso del espacio público, por ejemplo, y no se garantiza el cumplimiento de normas, las consecuencias pueden ser la anarquía o la proliferación de conflictos.
Un paso acertado, pero que requiere gran sensatez en su aplicación, es el proyecto que se discute en el Concejo acerca del cobro que podría hacerse por el uso de espacios públicos. Hay que partir del hecho real de una competencia desleal en el comercio entre almacenes formales que pagan impuestos y ventas estacionarias en los andenes sin tributos, y que la mayor parte de las veces afecta derechos generales en beneficio de intereses particulares. Es lógico que haya controversia en ese sentido, pero la regulación del uso del espacio público es necesaria bajo condiciones que resulten justas y equitativas, y cuyo fin sea el beneficio de todos los ciudadanos, no de unos pocos.
Se habla del pago de $58 mil 593 mensuales por ventas informales, así como tarifas determinadas para comerciantes formales que usen antejardines o terrazas como extensiones de sus negocios. Una medida como esta ofrece el doble beneficio de ordenar el uso del espacio público y obtener nuevos recursos municipales que se inviertan en planes y obras de impacto en el ámbito del espacio público. Por ejemplo, más bulevares donde se pueda hacer un uso del espacio público como en ciudades turísticas de países desarrollados. También podría pensarse que parte de esos recursos se destine a programas de formalización de los mismos vendedores ambulantes, de tal forma que la medida redunde en mejorar en la calidad de vida de los manizaleños en general.

Esta propuesta sintoniza con la que busca legalizar o corregir todas aquellas obras ejecutadas en viviendas que corresponden a ocupaciones indebidas del espacio público, como se observa en barrios como La Enea y La Sultana, donde se construyeron escalas en numerosos antejardines. La restitución del espacio público en estos casos es un aporte positivo sobre todo para los peatones que con frecuencia chocan con obstáculos a su paso. En la medida en que haya reglas claras, que se apliquen sin privilegios, será posible un mayor compromiso de los ciudadanos para respetar a los demás y no invadir el espacio que nos pertenece a todos.