Comenzó el forcejeo anual por el salario mínimo. Como siempre los sindicatos llegaron con pretensiones altas comparadas con la realidad económica del país, mientras que los empresarios se muestran cautos en las ofertas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya reveló que la productividad general de Colombia para el 2017 fue negativa, -2,4%, reflejo del débil comportamiento de la economía durante el año. Aunque todavía queda una semana para seguir buscando acuerdos en la Comisión de Concertación Salarial de la que hacen parte trabajadores, empleadores y gobierno, todo indica que pasará igual que el año pasado, cuando el salario mínimo se reajustó por decreto. Ojalá se pueda alcanzar un consenso.
Los representantes de los trabajadores argumentan que la productividad laboral fue positiva, del 0,4%, y que el alza del IVA absorbió todo el efecto del incremento del salario del 2017, y por ello consideran necesario recuperar el poder adquisitivo de los colombianos. Sus propuestas oscilan entre el 10% y el 12%. Ahora bien, todo apunta a que la inflación anual estará alrededor del 4% (el acumulado de 12 meses está en 4,12% al 30 de noviembre) y la meta para el 2018, según el Banco de la República, es del 3%. Frente a esto, la propuesta de los empresarios no va a superar el 5% de incremento en el salario mínimo, lo que hace que haya una distancia muy grande entre las partes y que las posibilidades de acuerdo no sean fáciles.
De acuerdo con el Gobierno, en los meses recientes han mejorado los indicadores de formalización del empleo, lo que podría incidir en la decisión que se tome en el reajuste, ya que la idea es seguirle ganando la batalla a la informalidad laboral mediante el fortalecimiento de los empleos formales. Es evidente que un alza muy alta en el salario podría desincentivar dicha formalización, pero también es verdad que un salario que se quede muy abajo tendrá efectos negativos en el consumo interno, como ocurrió infortunadamente este año por culpa del incremento del IVA, autorizado en la última reforma tributaria.
Si bien no se puede caer en el error de establecer un salario que tenga efectos inflacionarios, lo ideal es que los trabajadores tengan una base salarial mejor que les permita tener un poder adquisitivo más alto, que los lleve a consumir más y mover así la economía. Es vital que se valoren todas las variables económicas y que se busque un equilibrio entre la generación de empleo formal, el bienestar de los trabajadores y la reactivación económica. Una buena decisión en ese sentido podría hacer que en el 2018 se desaparezcan los grises nubarrones que se han posado sobre nuestra economía en los tiempos recientes.

Recordemos que el año pasado la inflación cerró en 5,75%, que la productividad del 2016 fue del 0,5% y que el Gobierno finalmente decretó un alza en el salario del 7%. Siguiendo este ejemplo resulta claro que el alza de este año estará posiblemente por debajo del 5%. No obstante, más allá del simple juego de cifras, para que haya una incidencia más positiva de estas decisiones en el ámbito general de la economía resulta fundamental trabajar en temas estructurales. Es el caso de buscar una mayor sintonía entre la formación profesional y la demanda de puestos de trabajo en las empresas, así como el establecimiento de procesos que apunten al aumento de la productividad en todos los sectores de la economía, especialmente en el sector servicios, donde están los niveles más bajos.