Cientos de líderes de opinión confiaban en que se hundía el proyecto que cursa en el Congreso, promovido principalmente por la exfiscal Viviane Morales, para que sean los colombianos los que tomen la decisión sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo. El tiempo avanza y en esa medida se van cumpliendo los debates en el Congreso sin quién detenga esta draconiana iniciativa. Son muchas las razones para estar en contra de que se lleve a votación popular una decisión de este tipo, que estigmatiza y se carga de prejuicios.
La primera de las razones es la de la defensa de los derechos de las personas con preferencias sexuales distintas a las heterosexuales. No hay prueba alguna que diga que crecen en entornos más saludables los niños en ambientes conformados por papá y mamá, que en otros. Como sucedía hasta no hace mucho tiempo, son muchas las parejas homosexuales que se vieron obligadas a mentir para poder tener un hijo adoptado y este ha crecido sin problemas. Si se aprueba esta propuesta se corre el riesgo de que la democracia se use en la peor de sus formas: la del irrespeto por las minorías. Así se consolidaron los grandes regímenes totalizantes como el comunista o el nazi.
La segunda razón es que el referendo dejará también sin posibilidades de adopción a hombres y a mujeres solteras que quieran crear una familia. En el mundo de hoy, basta mirar a cualquier lado para darnos cuenta de que son diferentes los tipos de familia que existen; que la tradicional, conformada por un papá y una mamá con hijos, ya no es lo común. Y en todas se crean entornos saludables y no saludables, pues no se depende de las preferencias sexuales de quienes las conforman, sino del respeto y el amor por los integrantes.
Como si fuera poco, un tercer elemento tiene que ver con que se intenta por la vía legal decidir temas que tienen que ver con la moral de cada ciudadano o con sus convicciones religiosas. Si a algún Estado le ha costado en el mundo caminar hacia el laicicismo es al colombiano, y precisamente por eso mismo no se pueden desandar los caminos recorridos. De hecho, es importante pensar en la necesidad de brindar protección a los niños y qué mejor manera de hacerlo que permitirles crecer en el seno de una familia y no en hogares de Bienestar Familiar, como sucede hoy con unos cinco mil menores de edad.

Un argumento más es el de la plata. No se justifica gastarse $280 mil millones en un referendo innecesario, pues habrá situaciones en las que los ciudadanos deban mostrar el camino: como el de la paz, como el de los derechos sobre los recursos no renovables, pero en políticas públicas como esta, solo sirven para que los políticos se inclinen hacia un lado u otro, de acuerdo con los réditos electorales que puedan obtener y no con la necesidad de creernos que somos capaces de dar el paso a la modernidad, que tanto requerimos. Mañana, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, tiene previsto darle tercer debate a la iniciativa. Ojalá sea el último y se hunda de una vez por todas, tal como pidió ayer el presidente Santos que se hiciera, para bien de la democracia y de los niños que necesitan una familia