Después de cerca de 14 mil vuelos cancelados, 420 mil pasajeros afectados y 52 días de protestas, los pilotos de Avianca afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) regresan esta semana a sus puestos de trabajo. Eso va a incidir de manera positiva en la oferta de vuelos para la época de fin de año, cuando históricamente se incrementa la demanda.
Lamentablemente esto se da luego de una parálisis innecesaria que dejó pérdidas cercanas a los 130 millones de dólares (unos $380 mil millones) solo para Avianca, sin contar los cuantiosos efectos negativos para todo el aparato productivo colombiano, sobre todo el sector turístico, justamente en un año con graves dificultades económicas para el país. Los hoteleros dicen que sus pérdidas llegaron a los $13 mil millones, y las agencias de viajes que dejaron de vender tiquetes y paquetes turísticos por unos $150 mil millones. Se tuvieron que cancelar muchos eventos por la falta de garantías para los desplazamientos. El comercio también sufrió las consecuencias.
Hay que reconocer que para ponerle fin a una situación que ya era insostenible, y sobre la cual aún quedan temas legales pendientes (como el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la legalidad del paro), la gestión de la Defensoría del Pueblo fue importante. Se espera que haya un acompañamiento permanente a la situación, de tal manera que se garantice que no vuelvan a repetirse hechos que afecten a tantos pasajeros y empresas, siendo el transporte aéreo un servicio esencial, como lo ha dicho la Corte Constitucional. 
Desde luego que Avianca es libre y tiene derecho a tomar medidas disciplinarias en contra de los 600 pilotos que participaron en el cese, y hasta despedirlos, pero lo ideal es que el final de este conflicto garantice que hacia el futuro haya relaciones armónicas. Los colombianos que nada tenemos que ver con esa disputa laboral no debemos salir perjudicados.
Debe aprenderse la lección en el sentido de que todos pierden cuando se genera una confrontación de fuerzas que están dispuestas a ir hasta los límites más lejanos. Lo mejor en todos estos casos es lograr una concertación en la cual las dos partes estén dispuestas a ceder un poco. Puede ser que los trabajadores tengan razones de peso para reclamar, pero llevar a una empresa a la situación a la que fue arrastrada Avianca no solo afecta a los propietarios de la compañía, sino a toda la organización, en la que seguramente se frenaron procesos y proyectos orientados al crecimiento y, por tanto, se puso en riesgo el empleo y la prosperidad general. Avianca cuenta con 21 mil empleados, y solo el 3% de ellos puso en jaque la empresa.
También hay que reflexionar acerca de la necesidad de diversificar más la oferta de aerolíneas en Colombia, donde Avianca tiene un peso excesivo, con el 61,5% de los pasajeros movilizados. De los 15 millones 337.826 usuarios, Avianca atendió 9 millones 388.661 durante los primeros siete meses del 2017. Tal situación se vio reflejada en alzas de hasta el 200% en el costo de los pasajes domésticos, al punto que resultaba más barato viajar hacia el exterior que entre ciudades colombianas. 

Tiene que haber en esto una investigación de las autoridades, porque hubo sin duda especulación, aprovechando el paro de Avianca. Inclusive debería pensarse en ponerles límites a los costos máximos que puede tener un pasaje aéreo, tomando en cuenta factores objetivos como duración de los itinerarios y el consumo de combustible. Sin ir en contra del libre mercado ni de la ley de la oferta y la demanda hay que poner topes para evitar abusos, como los que se cometieron infortunadamente durante esta coyuntura.