En las últimas horas el Gobierno Nacional decidió que el nuevo jefe del equipo negociador ante el Eln, Gustavo Bell, regresara a Quito para analizar la posibilidad de retomar los diálogos con esa guerrilla e insistir en una salida negociada del conflicto armado. Tal determinación surgió luego de que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas pidió hacer esfuerzos para destrabar las conversaciones, rotas indefinidamente desde el pasado 10 de enero cuando los elenos sabotearon los avances alcanzados, haciendo toda clase de ataques a las Fuerzas Militares y a la infraestructura petrolera del país.
Esa actitud de emprender acciones bélicas pocas horas después de haber concluido el cese del fuego bilateral de 100 días evidenció un deseo de mostrar los dientes y medir fuerzas con el Estado, en lugar de expresar una verdadera voluntad de paz. Esa razón es la que hace muy difícil que se pueda aceptar que los diálogos puedan reanudarse sin que antes se garantice que el Eln no volverá a usar las armas del sabotaje para reversar lo poco que se ha avanzado. Incluso, así como lo hicieron las Farc en su momento, el gesto que espera el país es que los elenos anuncien y cumplan un cese unilateral, y puedan aspirar en el futuro próximo a una respuesta recíproca del Estado colombiano.
El Gobierno Nacional no puede caer en el error de renunciar al mandato constitucional de garantizar la seguridad de los colombianos y permitir que una guerrilla que no da muestras de una voluntad auténtica de paz siga haciendo fechorías sin que sea enfrentada. Si con las Farc se pudo negociar en medio del conflicto y mantener los operativos que les dieron duros golpes, no puede tenerse un tratamiento distinto con el Eln. El cese al fuego bilateral tiene que ser un resultado de las negociaciones y no una premisa para poder sentarse a dialogar.
Está bien que desde las Naciones Unidas y la Unión Europea se pida que retornen las conversaciones, pero para ello ambas partes deben ceder. Sin más condiciones ambos equipos deben sentarse a continuar con los puntos de la agenda e ir conformando un ambiente que reconstruya confianza y lleve al cese del fuego y de hostilidades. Si tal resultado no se madura en la forma adecuada, lo más probable es que se caiga en circunstancias similares a las del 9 de enero y que cualquier otra falla futura haga que se tenga que echar por la borda todo lo avanzado.
Hay que ponerle fin, por esto, a cualquier improvisación. Sería muy irresponsable tratar de vender la idea de que la única manera de volver a la mesa es si hay un cese bilateral, luego de la manera agresiva con que se viene expresando el Eln. Lo responsable en los actuales momentos es que la Fuerza Pública mantenga su presión sobre todas las estructuras delincuenciales que hay en Colombia, incluyendo al Eln, y que en medio del conflicto los representantes de esa guerrilla busquen avanzar rápidamente en el logro de una firma similar a la alcanzada con las Farc. 

Las comunidades que más sufren con el conflicto son las que también más deben presionar para que, una vez de vuelta a la mesa, el Eln dé muestras reales de querer dejar la guerra en el pasado, y que así se pueda seguir avanzando en bajar la presión militar y permitir que llegue pronto un desarme y el comienzo de nuevas jornadas de reintegración de muchos hombres y mujeres a la sociedad colombiana. Eso es la apuesta necesaria para aspirar a que Colombia sea un mejor país en el futuro.