En dos meses se tendría que llevar a cabo en Villamaría (Caldas) un proceso de revocatoria del mandato del alcalde Juan Alejandro Holguín, luego de que la Registraduría del Estado Civil notificó al gobernador Guido Echeverri acerca de la validez de 3 mil 941 firmas de las 5 mil 447 que fueron presentadas por el comité promotor de esta iniciativa de participación ciudadana. Así, quedará en manos de los habitantes de ese municipio la decisión acerca de si le permitirán al actual mandatario terminar su mandato, o si abrirán la puerta a nuevas elecciones para escoger a un nuevo alcalde.
Es el momento para la reflexión entre los habitantes de Villamaría sobre si la causal que llevó a la recolección de firmas para sustentar el pedido de revocatoria es suficiente para obligar un posible cambio de gobierno. Es claro que el gran detonante de este proceso fue la decisión de Holguín de limitar el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos, como una medida para reducir las riñas, los heridos y los homicidios que iban en incremento en esa población.
El proceso de revocatoria recibió el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que, de todos modos, viene desarrollando una tarea de revisión previa de cada proceso que llega a su despacho, debido a que en numerosos casos estos han sido estruendosos fracasos. Sin embargo, como ya es sabido por lo que pasa con otras investigaciones, el análisis que se hace en ese organismo resulta superficial y no siempre ajustado a la conclusión lógica esperada. Además de los costos que tendrá todo este proceso, la dinámica de la Administración Municipal se va a afectar necesariamente, haciéndola más lenta.
Peor aún es que esta revocatoria se tendría que ejecutar en época preelectoral para Congreso y Presidencia, por lo que pueden ser más las motivaciones políticas que la sensatez en la decisión ciudadana la que se imponga. En materia de contratación se tendrán perjuicios, ya que de hecho en cerca de cuatro meses vendrá la Ley de Garantías, con lo que una posible transición administrativa lo complicaría todo. Además, están los ejemplos recientes de Ocaña (Norte de Santander) y El Copey (Cesar), donde ni siquiera se logró llegar al umbral necesario para que las votaciones fueran válidas. En otros muchos casos ha ocurrido algo similar.
Se nos antoja, por todo esto, que este proceso de revocatoria en Villamaría resulta ser un desgaste innecesario, que nada bueno va a dejar. Se supone que este mecanismo de participación se creó para castigar a los mandatarios que inclumplen con sus programas de gobierno o que afrontan situaciones graves de corrupción evidente, lo cual no parece corresponder en esta ocasión. Lo que hay en este caso es una pugna de intereses personales que terminan irradiándose al pueblo.
Cuando en el país se habla de la urgencia de bajar el gasto fiscal y cuando la Procuraduría advierte sobre el rigor jurídico de estos mecanismos y se ciernen toda clase de sombras frente a estos procedimientos, resulta fundamental hacer más estrictas las razones para presentar una solicitud de este tipo. Hoy se cuenta con un borrador de proyecto de ley con el que se buscaría ajustar la figura de la revocatoria, y aunque han surgido polémicas por pretenderse tramitar por vía fast track, la verdad es que tales modificaciones son necesarias.
Muchas veces se ha visto que malos perdedores en elecciones impulsan estos procesos sin que ni siquiera el mandatario elegido pueda arrancar su tarea de gobierno, lo que demuestra intereses meramente politiqueros. La poca consistencia de estas iniciativas se ve en la estadística de que en 26 años ningún intento de revocatoria jamás prosperó. Como sea, en este momento hay cerca de 100 en fila, en las que se gastarán cuantiosos recursos, tal vez sin ningún resultado que lo amerite. Durante el 2017 se han gastado unos $1.500 millones en siete procesos fallidos de revocatoria.
