La decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por la supuesta manipulación de testigos, llevó al líder político del Centro Democrático a anunciar la renuncia a su curul, lo que deja en duda la posibilidad de que sea ese alto tribunal el que se mantenga al frente de una investigación que, de acuerdo con lo que ha trascendido, tiene elementos muy delicados que también comprometen al representante a la Cámara por ese mismo partido Álvaro Hernán Prada, quien es acusado de los mismos delitos de soborno y fraude procesal.
Sea como fuere, en la Corte o en la Fiscalía, lo que debemos esperar es que se adelante un juicio justo, ceñido estrictamente al debido proceso, y del que surja una determinación que no deje la más mínima duda acerca de la suficiencia o insuficiencia de las pruebas. Lo primero deberá ser que la carta de renuncia sea presentada y que el Congreso dé el trámite de aceptación a dicha misiva, y después vendrá el análisis de la Corte, juez natural en este caso, acerca de si mantiene o no la competencia para seguir la investigación en contra de Uribe, dependiendo de si los hechos tuvieron o no relación con su función de congresista.
Lo mejor sería que el proceso no dé más vueltas y que pueda avanzarse en las investigaciones de tal manera que muy pronto, con todas las garantías que debe tener el senador Uribe, se pueda resolver su situación jurídica. Parecería que una sentencia del 2009 de la misma Corte en la que se manifiesta que los congresistas en estos casos no pierden su fuero y pueden seguir siendo procesados por ese alto tribunal serviría de argumento para que el caso no termine en la Fiscalía. No se trata de si una instancia es más creíble que la otra, porque el respeto por las instituciones tiene que ser pleno y acorde a lo legal, sino de darle agilidad a un proceso que necesariamente va a estar en el foco de la opinión pública.
En ese sentido, de consideración mutua entre los tres poderes públicos, es muy sensata y ajustada al deber ser la declaración del presidente electo Iván Duque y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en el sentido de manifestar su respeto a la Corte y enfatizar la independencia con la que ese tribunal deberá llevar a cabo su labor judicial. Es entendible que allí mismo se exprese la confianza en la inocencia del expresidente Uribe, líder natural de su partido, y quien en el Congreso de la República o fuera de él seguirá teniendo una innegable ascendencia frente a toda la bancada del su partido y el nuevo Gobierno.
Por eso resultan salidas de tono e insensatas las declaraciones de algunos líderes del Centro Democrático que buscan mostrar el caso como una persecución política en contra de Uribe y su partido. No es tratando de desprestigiar las instituciones o viendo fantasmas donde no los hay como se debe acometer la defensa del expresidente. Es en el terreno legal, con los materiales probatorios suficientes, con los que deben desvirtuarse los señalamientos en su contra. En un estado de derecho como el nuestro la majestad de la justicia debe respetarse, sin importar quién sea el implicado, y los magistrados de la actual Corte han demostrado responsabilidad, prudencia y ecuanimidad, hasta ahora, en sus decisiones.

Para el Congreso de la República la ausencia de Uribe es una gran pérdida, ya que hay temas fundamentales en los que sería muy valioso su aporte en las discusiones. Como sea, lo importante es que la democracia salga fortalecida de este trance, que el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial hagan su trabajo por los cauces institucionales, y apegados a la Constitución y la ley.