Colombia sigue siendo un país agrario, a pesar de la fuerte urbanización de las últimas décadas. Por este motivo, requiere que lo rural se piense con actitud de mejora permanente, ahora que se pone en ejecución el Acuerdo de Paz con las Farc, el cual trae un componente muy importante para que el campesino vuelva a tener futuro. Por este motivo, fue relevante el foro Políticas de protección social para el agro, que realizaron el pasado viernes el Comité Departamental de Cafeteros y LA PATRIA, en el Recinto del Pensamiento, en el que se hicieron presentes la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Trabajo.
Las normas laborales se han establecido en Colombia con base en una única realidad urbana, y no se han considerado las diferencias que encarna el campo frente a lo industrial o comercial, y consigo mismo en las distintas actividades agropecuarias. Esta es la razón por la que urgen normas que entiendan esta realidad y, protegiendo a la cadena más débil de este aparato productivo, el jornalero, se mantenga esta actividad productiva como rentable para los propietarios de la tierra. Para esto, la SAC ha venido trabajando en un proyecto de ley, de la mano de los diferentes gremios agropecuarios, incluida la Federacafé, y que ha conocido el Gobierno Nacional.
El proyecto está listo para ser presentado al Congreso de la República en la próxima legislatura y se fija en esas diferencias vitales para seguir manteniendo productivo el campo. Se plantea que exista un sistema de seguridad que proteja al trabajador. Hoy en día la informalidad laboral en el campo se calcula en el 88 por ciento. Para poder formalizar a estas personas es necesario tener en cuenta la flexibilización laboral. Entender que se debe garantizar que estén protegidas en su salud, con aportes para una pensión y con aseguramiento para accidentes laborales. Si esto se hace a todo costo, como existe hoy, sería mantener la imposibilidad de cumplir. En el solo café se calcula que el 65 por ciento de los costos se van en mano de obra, pero si se llegase a formalizar todo, se aumentarían en un 31 por ciento, lo que haría inviable el cultivo.
Por este motivo, el proyecto tiene en consideración todos estos aspectos. Así las cosas, se podrá contratar a las personas por días, con una asignación integral por la jornada, de tal suerte que puedan mantener su Sisbén y que el empleador pague proporcionalmente por los días trabajados a las BEPS, que garantizan aportes a pensiones, y algún seguro que proteja en caso de accidentes laborales. Es contar con un piso mínimo de protección, que dignifique a los trabajadores, pero que permita también la competitividad en el campo. Es una solución adecuada, que deberá tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los estándares de la OCDE.

Esperamos que el Gobierno Nacional acoja el proyecto, que el Congreso de la República le dé trámite, y se logre de esta manera ir formalizando el trabajo en el campo. Esto sería muy importante en el camino a un país que se preocupe por cerrar las brechas sociales, que precisamente en el área rural son más amplias.