El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha sido enemigo de proponer una gran reforma del sector, y ha optado por tratar de resolver cada problema puntual con soluciones parciales para cada caso, pero sin intervenir integralmente todo el sistema de salud pública. En el papel, Colombia tiene uno de los sistemas de salud más generosos con la población, pero el gran inconveniente es que lo que se pretende asegurar y la cobertura que tiene, no se han acompasado con los recursos que recibe, bien sea de los aportantes como del Gobierno por la vía de transferencias del presupuesto nacional. Las soluciones del ministro han sido exitosas en muchos casos, como en la regulación de los precios de los medicamentos, pero ineficaces si se revisan los controles que se deben tener sobre las EPS y su papel de aseguradoras e intermediarias en el sistema.
Hoy se tiene la certeza de un problema financiero de enormes proporciones en el sector, que podría configurar un hueco de unos $12 billones, circunstancia que en lugar de recuperarse se agrava con el tiempo. En el conversatorio realizado en LA PATRIA el pasado jueves, en el que participaron voceros representativos de las EPS, de las clínicas y hospitales, de los usuarios y de las autoridades de la salud en la región, fue evidente que los problemas avanzan más rápido que las soluciones, por lo que las "aguas tibias" no van a servir para salvar a un sistema que se acerca cada vez más al colapso.
Al parecer el único camino para dejar atrás la crisis es ser conscientes de la gravedad del problema, sincerarse en las cifras y decretar medidas de emergencia que lleven a tomar decisiones que tiendan a salvar al sector, no sin antes haber garantizado una repartición sensata de los recursos que esté orientada a brindar un mejor servicio a los pacientes, quienes todos los días ven oscurecerse el panorama y más lejana la posibilidad de tener garantizada una atención médica digna. Hay que hacer un gran revolcón, impulsar una reforma profunda que brinde un nuevo orden en el que se resuelva el déficit estructural del sistema, de manera que se ofrezca una atención limitada a lo que se puede pagar.
Los cambios que se hagan tienen que tomar en cuenta todos los actuales fenómenos de corrupción, y en los que participan desde los usuarios que venden los medicamentos que reclaman, los pacientes del régimen subsidiado que deberían estar en el contributivo, los médicos que hacen negocios con los laboratorios, las clínicas que cobran mucho más de lo que realmente cuestan los servicios, las EPS que dedican los recursos de la salud a otros asuntos que benefician a unos pocos, y en general, todos los actores del sistema que lo desangran de alguna manera, con lo que un alto porcentaje de los recursos se dilapidan en forma perversa.
Llegó el momento de poner todo en blanco y negro, de conocer en detalle las dificultades y no esperar más para que se hagan los cambios de fondo que se requieren con tanta urgencia. El actual gobierno debe hacer el último esfuerzo, atacar los problemas desde su raíz y establecer unas bases sólidas de un nuevo sector de la salud que sea realmente sostenible en el futuro, blindándolo ante los comportamientos corruptos que lo han afectado hasta ahora.
Si no hay determinaciones contundentes para cerrar el barril sin fondo en el que se convirtió la salud en Colombia llegará un día en que no habrá cómo atender a la gente, y se evidenciará una crisis de tal profundidad que no habrá remedio posible. Es necesario que se prevenga un daño mayor y que se logre corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Ya se han cometido muchos errores y no podemos darnos el lujo de seguirlos repitiendo, y en el caso de Caldas es sensato el llamado a hacer una especie de pacto regional por la salud en el que se rompa el círculo de la mala atención de los pacientes.