Las acusaciones del exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, en contra de Patricia Linares, presidenta de esa jurisdicción, y las respuestas entregadas por la funcionaria, abren un nuevo capítulo a la cadena de reparos que se hacen a esa rama de la justicia que se encargará de juzgar a quienes tengan cuentas pendientes relacionadas con el conflicto armado. Bastantes problemas se han tenido para sacar adelante su funcionamiento y darle solidez al proceso de paz, como para que sean los responsables de su manejo los que ahora pongan los obstáculos.
Según Correa, su renuncia a la Secretaría Ejecutiva se debió a que nueve magistrados de la JEP, amigos de Linares, le quitaron funciones para tener el control burocrático de la institución. Ante estos señalamientos, la presidenta de la jurisdicción respondió que antes de tomar tales decisiones intercambió por correo electrónico conceptos jurídicos con el Gobierno Nacional, comunicaciones que terminaron en manos de Correa. Es decir, en medio de este escándalo hay acusaciones de conductas que podrían ser delictivas, cuando apenas la JEP busca despegar.
No se observa seriedad en estas actuaciones, y sería muy grave que se comprueben las presiones que supuestamente Correa ejerció sobre Linares para imponer su criterio acerca de cómo debería ser conformada la JEP, pero sería más grave aún un uso indebido de 4,5 millones de dólares que, según la presidenta, habría ejecutado el exsecretario sin rendir cuentas, y que además no se cuente hoy con los recursos necesarios para que los magistrados ejerzan sus funciones. Hay que exigir total claridad en todos estos aspectos y castigar si es necesario algún acto doloso que se compruebe.
Debe entenderse que la Secretaría Ejecutiva es la única dependencia autorizada para manejar recursos y ejecutar inversiones. Sus labores deben orientarse a dotar a los magistrados de todas las herramientas para llevar a cabo sus funciones, pero en ningún momento puede tener potestad para escoger a los colaboradores de los juristas. Ellos son los que mejor conocen los perfiles y las calidades del equipo que requiere para funcionar, y la Secretaría Ejecutiva debe limitarse a concretar los procedimientos administrativos para su contratación. Pareciera, entonces, que Correa se equivoca cuando da a entender que podía tener la función de armar él los equipos de los magistrados.
De manera acertada el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, da una calificación gráfica a lo que ocurre en la JEP, como una "pelea de perros y gatos", pero la gravedad de las acusaciones tiene que llevar a que los organismos de control intervengan y aclaren lo sucedido. Si bien es positivo que se cuente ya con cerca de 6.500 personas que buscan acogerse a esta jurisdicción (más del doble de los de Justicia y Paz), el actual escándalo es una mancha que no puede avanzar más, más ahora cuando comienza a ser discutido en el Congreso un proyecto de ley que busca adoptar reglas de procedimiento para la JEP, y dotarla de herramientas procesales para el cumplimiento de sus funciones.
Esperamos que este negro capítulo sea superado de manera satisfactoria y que en poco tiempo esa justicia realmente pueda ocuparse de la esencia de su labor, de tal manera que se cumplan los principios de satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir al logro de una paz estable y duradera, como lo señala el acuerdo con las Farc, y adoptar decisiones contra exguerrilleros y militares o contra terceros (que se presenten de manera voluntaria), quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado mediante la comisión de conductas graves.
