Fue muy bochornoso escuchar los términos de grueso calibre que se dieron durante el debate de la semana pasada en el Senado acerca de la Justicia Especial para la Paz (JEP). A esto se sumó la serie sorpresiva de impedimentos de congresistas que le han querido hacer el quite a su responsabilidad de avanzar en la implementación de los acuerdos de La Habana, con intenciones non santas, al parecer. Se espera que hoy, cuando sea retomada la votación, no se revivan tan vergonzosos episodios, y que se dé el paso histórico de fijar un mecanismo de justicia que permita avanzar en el camino hacia el desarme total de las Farc.
Resulta curioso que en los tres primeros debates en la Cámara de Representantes y en el Senado la participación de los congresistas fue consistente, mientras que en el momento definitivo y con toda clase de disculpas no se pudo reunir el quórum suficiente para avanzar en una votación que es vital para que salga adelante el proceso de paz. Más complicado aún cuando son senadores que siempre han acompañado al Gobierno en estos asuntos, los que ahora parecen en rebeldía, como si en realidad quisieran lograr en esta coyuntura beneficios personales que no tienen lugar.
Al Congreso de la República en pleno hay que pedirle que actúe de manera responsable, sin más dilaciones y pensando en los intereses superiores del país. El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, nos parece que actuó de manera sensata cuando decidió la semana pasada aplazar las votaciones para hoy, con el objetivo de que los congresistas tuvieran tiempo de calmar los ánimos, pensar con cabeza fría y reflexionar acerca de sus malas actuaciones. Ojalá que el efecto de esta pausa sea que ese importante asunto de la JEP salga por fin adelante.
Es válido que quienes han estado siempre en oposición a las negociaciones manifiesten con toda energía sus desacuerdos y que asuman actitudes que apunten a que este tipo de iniciativas no sean aprobadas. Lo que no tiene justificación es que los partidos de la autollamada Unidad para la Paz actúen con la intención de boicotear. Desde luego es importante que se revisen todos los aspectos, que se tramiten todas las ponencias y que se hagan los ajustes que se requieran para que esa herramienta de justicia sirva de manera efectiva a construir la paz, pero lo fundamental es tener una actitud seria.
Se sabía desde finales del año pasado que la Unidad Nacional que ha acompañado al presidente Juan Manuel Santos iba a romperse cuando empezara la carrera hacia las elecciones legislativas y presidenciales del 2018, pero si bien es lógico que comiencen a aparecer profundas diferencias entre los partidos y que algunos prefieran tomar distancia del Gobierno, en los temas de paz debería conservarse el empeño por sacar el proceso adelante, por encima de los tintes políticos.
Hay que atender los reparos que tiene la Fiscalía frente al proyecto de la JEP, así como las observaciones que han hecho los militares retirados, de tal manera que la norma resultante sea muy equilibrada y no deje abierta la posibilidad de nuevas desavenencias, que pongan en riesgo la estabilidad de la paz. Sin embargo, lo más importante es pensar en las víctimas, las cuales tienen que ser la razón de ser de este esfuerzo, para que haya verdad y reparación efectivas. Esa es la única manera de blindar a Colombia ante la posibilidad de que surjan nuevos conflictos violentos en el futuro.
