El que empieza a ser bien llamado "huracán" Odebrecht amenaza con no dejar títere con cabeza, como reza el adagio popular. Las recientes revelaciones de Roberto Prieto acerca de que en la campaña de Santos 2010 esa constructora brasileña pagó dos millones de afiches del candidato, afiches costosísimos por demás, y las otras informaciones que se han conocido acerca de la intervención de dicha empresa en las campañas del mismo Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, en las elecciones del 2014, dejan pésimamente parada a la democracia colombiana, y genera duros cuestionamientos acerca de la legitimidad de quienes hoy detentan el poder político en el país.

Ayer el presidente Santos, quien solo esta semana se habría enterado de que en el 2010 ingresaron a su campaña aportes de Odebrecht que no fueron registrados, pidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no permita la caducidad e investigue las posibles irregularidades en la financiación que pudieron ocurrir en aquel momento. En aras de la claridad que requiere una situación como esta, esperamos que ese organismo decida observar lo ocurrido y desenmascarar lo que pudo ser ilegal y fraudulento hace siete años.

Hay sorpresa general acerca de todo lo que se ha ido conociendo a cuentagotas alrededor de la intervención de capitales prohibidos para financiar campañas, de la burla a los topes de ley, del irrespeto a las normas mínimas de transparencia. En este caso específico se echó mano de fuentes extranjeras con claros intereses de obtener a cambio condiciones favorables en contratos públicos de infraestructura. Todo indica que todavía quedan demasiadas verdades por salir y que podrían ser muchos los manchados con las revelaciones que están en camino. Además, porque esta situación no sería solo de las elecciones presidenciales, sino de todas las demás.

El escándalo se profundiza justamente cuando en el Congreso de la República se tramita una reforma política que, supuestamente, busca limpiar las costumbres electorales que son fuente de graves problemas de corrupción. Se ha dicho que con una financiación estatal de las campañas será posible evitar muchas distorsiones que se dan en los resultados de las elecciones, pero a la luz de lo que se ha conocido en el caso Odebrecht, pareciera que hay que hacer una cirugía más profunda que permita controles mucho más efectivos a los costos y fondeo de las campañas políticas.

Se exige la verdad completa acerca de este hecho, que debe ser considerado con toda la fuerza de su peso. Se cometieron delitos graves que tienen que señalar responsables, merecedores de los más severos castigos. Sin embargo, lo más importante es que estando ad portas de un nuevo año electoral se puedan establecer los mecanismos que les den tranquilidad a los ciudadanos de unas justas limpias y ajustadas a la ley, pues de otra forma seguiremospermitiendo a los corruptos que nos hagan la política en el país.

Tras las revelaciones de Prieto y lo que se ha conocido por los medios de Brasil todavía quedan muchos puntos en el aire que deben ser aclarados, y ver el grado de participación que pudieron llegar a tener los candidatos y los partidos políticos que los apoyaron. El Estado colombiano no puede ser inferior a su deber de defender la democracia y ser vertical en las determinaciones que lleven a descubrir la verdad y cerrar el paso a los mercaderes de la política de manera definitiva.