Colombia es un país con inmensas riquezas hídricas y ambientales que deben ser protegidas por su gran valor presente y futuro. El agua es un bien al que se le debe dar un tratamiento estratégico y cuidar de posibles contaminaciones en términos muy claros y razonables. Sin embargo, tampoco puede caerse en posiciones fundamentalistas que resulten exageradas frente a sectores productivos que también representan inmensas riquezas y que gozan de características de gran valor presente y futuro, y que corresponden a sectores estratégicos para el país, como el petróleo y la minería.
Si tenemos en cuenta que Colombia tiene hoy reservas por cerca de 1.665 millones de barriles de petróleo, que solo alcanzan para unos cinco años, salta a la vista que estamos urgidos de explotar al máximo los pozos y seguir explorando en distintas zonas del territorio, con el objetivo de ampliar esas reservas y mantener la autosuficiencia como ha ocurrido en tres décadas. Una situación contraria pone en riesgo la economía y el desarrollo nacional, ya que gran parte de los recursos del presupuesto para inversión con impacto social proviene de la venta de hidrocarburos.
Por eso, lo que ocurrió el pasado fin de semana en Cumaral (Meta), donde el 97% de los pobladores dijeron no a la exploración y explotación petrolera en ese municipio, haciendo uso de la consulta popular, tiene que ser analizado con amplitud, sin limitarse al planteamiento superficial de escoger entre agua o petróleo, ya que en el auge ambientalista actual no se requieren consultas para saber la respuesta. El Estado debe tomar la decisión de regular tales mecanismos de participación, de los cuales ya hay cerca de 40 más en trámite; de otra manera se podría congelar la actividad petrolera y minera en Colombia, con negativas consecuencias.
Esta situación está generando una inestabilidad jurídica que conduciría a que la inversión extranjera se espante y que después sea más difícil su regreso. Actualmente el país cuenta con normas suficientes para garantizar que todos los procesos de extracción de hidrocarburos y minerales se haga en forma limpia. Lo que hay que hacer es ser rigurosos y evitar que estas actividades terminen afectando cuencas hidrográficas y otras riquezas ambientales, pero en un justo equilibrio que también permita hacer uso de las riquezas inmensas que tenemos en el subsuelo.
Como antecedentes a lo de Cumaral están los casos de Cajamarca (Tolima) y Támesis (Antioquia), donde el no a la explotación minera también ganó en forma arrolladora. Está bien que en un país democrático como el nuestro haya diversas maneras de participación ciudadana, pero en estos asuntos, en los que es fácil vender ideas falsas sin sustento científico y donde los intereses políticos locales pueden imponerse fácilmente frente a un interés nacional estratégico, tales consultas rayan con el populismo y podríamos hablar inclusive de excesos de democracia, que siendo el mejor sistema de gobierno también es imperfecto.

Debe haber procesos de concertación en los que el Estado dialogue con las comunidades y con las compañías petroleras, para que haya todas las garantías ambientales en los trabajos de búsqueda y extracción de hidrocarburos. Como en el pasado han ocurrido graves afectaciones a cuencas hidrográficas es lógica la actitud de las comunidades, pero eso no puede llevar a que el sector se paralice. Sería una gran estupidez no explotar las riquezas que tenemos en el subsuelo colombiano, sabiendo que eso ayudaría a tener una economía más fuerte y un desarrollo social más amplio. Lo que se necesita es un justo equilibrio entre la protección del ambiente y el aprovechamiento petrolero y minero.