Las contralorías del país no tienen el poder que tuvieron antes de la Constitución del 91, cuando cada municipio tenía la suya y era un fortín que terminaba enredado en muchos problemas de corrupción, que llevaron a la cárcel a varios contralores generales en los años 80. Sin embargo, hoy en día son entidades que intentan venderse como técnicas, pero que todo el mundo sabe que están llenas de politiquería, como un tumor difícil de extraer. La organización que agrupa a los periodistas de investigación de Colombia, Consejo de Redacción, con el apoyo de la Fundación Open Society, pusieron la lupa sobre varias de estas entidades en el país, y LA PATRIA participó de este proceso.
Los males comunes son la falta de transparencia en los procesos que dan lugar a la elección de contralores, varios de los cuales están investigados; las claras relaciones burocráticas con dirigentes políticos en distintas regiones; y la ineficacia de las auditorías, en algunas partes con mayores problemas que en otros. Esto sumado a que no hay jerarquías entre contralorías genera distorsiones que vale la pena corregir.
La falta de transparencia pasa también porque no suben sus contratos al Sistema Estatal de Contratación Pública (Secop), porque no publican las hojas de vida de sus empleados para probar su idoneidad y esto se traduce en riesgos de corrupción. En el Índice de Transparencia por Colombia solo cinco contralorías departamentales tienen riesgo moderado, ninguna bajo, mientras que otras están en medio como la de Caldas o incluso la mitad se encuentran en alto y muy alto. Eso que no se miden las municipales.
En Manizales y Caldas los males son comunes a lo que sucede en el país, seguramente con algunas ventajas o desventajas frente a la generalidad, pero con mucho por mejorar. ¿Si una entidad que debe garantizar el buen uso de los recursos públicos y la transparencia en el gasto tiene problemas para responder las informaciones que se le piden cuál es la garantía para los ciudadanos? Toda institución depende de las personas y no necesariamente la amistad o la cercanía política con los vigilados se pueden convertir en sesgo, pero hay formas de ayudar a que esto no dependa del libre albedrío, sino que se podría pensar en tener protocolos de buen gobierno. Sin contar que se ha vuelto recurrente que las contralorías anuncian con bombos y platillos hallazgos fiscales, con alcance penal o disciplinario, pero luego silencio sobre los cierres o, peor, preclusiones, porque no llegaron a nada.
No se ha vuelto a hablar en el país de la idea del contralor General de unificar el control fiscal en su entidad y terminar con las contralorías regionales o de volver al control previo. Valdría la pena explorarlas. O ir más allá: permitir que las cuentas públicas las auditen entidades privadas que no tengan que rendirles pleitesía a los políticos de turno, sino a los gerentes de una empresa y al Estado. Es necesario hacer veeduría a las contralorías del país así como a otros organismos con muchas facultades, que no usan o que simplemente usan mal. Es hora de abrir la puerta al debate.
