A las protestas que se desarrollan en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el hacinamiento en las cárceles y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en solidaridad con las madres comunitarias, se suman esta semana el paro de taxistas que se realizará hoy en 21 ciudades del país, el cese indefinido de maestros a partir de mañana y los paros que también son usados como expresión de protesta en el Chocó, debido a la crítica situación que se da en esa olvidada región de Colombia. Son tensiones en las que pueden existir algunas razones valederas para manifestarse, pero que resultan generando un clima mayor de incertidumbre y en algunos casos episodios de violencia que no aportan nada positivo.
Estamos ante una agitada semana de la que saldrán perjudicados muchos ciudadanos que sufrirán problemas de movilidad, un bache en las actividades académicas para cerca de 8 millones de jóvenes estudiantes y un ambiente de hostilidades que podría causar conflictos urbanos indeseables. Solo en Bogotá unos 60 mil conductores de taxis que ruedan por la ciudad buscarán concentrarse en la Plaza de Bolívar para protestar por el uso de la plataforma Uber. Según los líderes del gremio ese aplicativo, que consideran ilegal, tiene quebrados a los empresarios de taxis en Colombia, y aunque la afectación sería mayor en unas ciudades que en otras, en casos como el de Manizales los amarillos se solidarizan con sus compañeros en el resto de Colombia. En este caso específico tal vez la mejor solución posible es que los taxistas presten cada vez un mejor servicio.
Los cerca de 350 mil educadores que hacen parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) argumentan incumplimientos del Gobierno Nacional frente al aumento salarial para los miembros de ese gremio, igual que deficiencias en la prestación del servicio de salud. A eso se suman sus protestas a decisiones económicas que consideran lesivas para el país, en lo que son respaldados por las centrales obreras, que también se unirán a las protestas. Siendo legítimas muchas de las demandas de los sectores que protestan no deja de ser cierto que algunos políticos, especialmente de izquierda, buscan capitalizar estas manifestaciones sociales con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República del año entrante.
A todo este ambiente enrarecido se suma la crítica situación del departamento del Chocó, donde diversas fuerzas sociales declararon un paro cívico similar al del año pasado, por el supuesto incumplimiento del Gobierno Nacional a los compromisos asumidos. Infortunadamente, en esa zona del país se concentran todos los males posibles, sin que pueda avanzarse en las soluciones. Además de que la violencia entre la guerrilla del Eln y supuestos grupos paramilitares emergentes, se tiene presencia de Bandas Criminales (Bacrim) con vínculos con el Clan del Golfo, que se financian con el narcotráfico y la minería ilegal. Como si fuera poco, la corrupción parece un mal que se multiplica en lugar de disminuir en el Chocó.
El asesinato de cinco policías en los últimos días en ese departamento hace que el clima de inseguridad en esa región del Pacífico parezca inmanejable, y en lugar de ser un bálsamo para la crisis el paro anunciado parece incrementar la sensación de inseguridad. Ojalá que todo se dé en medio de un ambiente pacífico y que pronto se puedan ir superando las distintas dificultades que se tienen. Allí es necesario que haya una fuerte acción del Estado para combatir el crimen organizado y todas sus actividades ilegales que alimentan el conflicto. El Gobierno debe encontrar las fórmulas para hallar una salida que le permita al Chocó sacudirse de problemas tan profundos y tan críticos.
