34 muertos y decenas de heridos, hasta ayer en la tarde, se contabilizaban en Nicaragua tras las protestas sociales en contra del decreto presidencial que incluyó modificaciones en el sistema de Seguridad Social, que sectores obreros y estudiantiles, principalmente, consideran perjudiciales para sus bolsillos. Analistas de la situación nicaragüense coinciden en señalar que dicho decreto fue solo el “florero de Llorente” de una crisis que pudo haber reventado por cualquier otro motivo, ante el cansancio que sienten los habitantes de este país centroamericano por el régimen autoritario impuesto por el presidente Daniel Ortega, quien durante la última década ha realizado una gestión calificada como pésima.
Ante la fuerte presión social, y sin medir las consecuencias, el mandatario respondió de manera brutal con represión militar que, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ha provocado muertes no solo en la capital, Managua, sino en varias regiones del país. La reacción popular ha sido tan fuerte e inesperada que Ortega tuvo que echar reversa en sus deseos de modificar el sistema, con el propósito de bajar la temperatura de las protestas. No obstante, es su estilo autoritario, sus alianzas con el sector privado para acallar a sus críticos y su acción populista hacia los sectores más pobres de la población, lo que tiene descontentos a los nicaragüenses de clase media, que más valoran las libertades democráticas que no son respetadas, al punto de que hoy el Frente Sandinista maneja el gobierno a su antojo, sin opositores representativos.
Estratégicamente, y con el ánimo de perpetuarse en el poder, el mandatario ha realizado modificaciones constitucionales, se ha congraciado con los empresarios y se ha asegurado el manejo directo del Ejército y de la Policía Nacional, en donde son incluso familiares suyos quienes ocupan los cargos más destacados. Esa política ha tenido efectos sorprendentes en crecimientos económicos de hasta el 4,5%, por encima del promedio de Centroamérica, y con muy controlados niveles de violencia, con una tasa de homicidios tan baja, que se convirtió en un imán de inversión extranjera. Sin embargo, este manejo artificial para favorecer sus propios intereses parece haber rebozado la copa.
Por eso, aunque el país luce atractivo desde el punto de vista económico y con un ambiente de aparente tranquilidad, en medio de la sociedad se mueven fuerzas inconformes que incluso han pretendido organizarse y alzarse contra el Gobierno, pero la respuesta de las Fuerzas Militares han sido aplastantes, sin que organismos de derechos humanos hayan podido verificar la legitimidad de las acciones oficiales. Hay que anotar que la situación crítica de Venezuela, que durante mucho tiempo le regaló grandes cantidades de petróleo al régimen de Ortega, pero que ahora no ofrece dicho apoyo, también ha golpeado las finanzas estatales nicaragüenses y ha sembrado la inconformidad.
Incluso, ya diversas fuerzas de la sociedad civil exigen que haya un adelanto de elecciones, organizadas por nuevas autoridades en el Consejo Supremo Electoral, que no estén manipuladas por el Gobierno. El problema es que si Ortega insiste en quedarse en el poder a toda costa, las protestas van a ser peores cada día, y el ambiente de un país en el que por un tiempo hubo armonía, así fuera disfrazada, se deterioraría a tal punto que podrían surgir episodios parecidos al que le permitió al exguerrillero Ortega llegar al poder, luego del derrocamiento del dictador Somoza, en 1979.
