El asesinato de Claudia Johana Rodríguez por su expareja, Julio Alberto Reyes, en un centro comercial de Bogotá, vuelve a poner en primer plano la discusión acerca de la aplicación real de normas que pretenden penalizar de manera más severa la agresión contra las mujeres en Colombia. Desde el 2015 se cuenta con la Ley 1761, la cual surgió después del aberrante homicidio de Rosa Elvira Cely, pero que observar las estadísticas evidencian que muy poco o nada hemos avanzado en Colombia para contener los comportamientos violentos que afectan a las mujeres. 
De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal en lo que va del 2017 han sido asesinadas en Colombia 204 mujeres, eso muestra que las normas no han logrado vencer el comportamiento en su contra. Cada 11 minutos una mujer es agredida por su pareja o expareja en el país. En el caso concreto de Claudia Johana Rodríguez salen a flote problemas como la ausencia de medidas de las autoridades, pese a las denuncias que había hecho por violencia intrafamiliar, y a pesar de los antecedentes legales de su asesino. En casos en los que no hay este tipo de historiales podría pensarse que las medidas son aún más precarias y que la desprotección es total.
Peor aún que el incumplimiento de normas es la revictimización de las mujeres que optan por denunciar, ya que es común que se justifiquen los abusos de su pareja si la mujer, supuestamente, le faltó al respeto de alguna manera. “Algo habrá hecho mal para que el esposo le pegue”, es una frase que se escucha. Muchas veces también, anteponiendo criterios moralistas fuera de lugar, hay un empeño en círculos familiares o en algunos sectores de la sociedad, para estigmatizar a la mujer si considera conveniente una separación, más aún cuando hay hijos.
Estamos inmersos en una cultura machista que no solo afecta a Colombia, sino a gran parte del mundo, y que es tolerante con la agresión sobre las mujeres. Si bien frente a eso se ha avanzado algo en nuestro país en materia legal, donde casos de coyuntura han despertado sensibilidad, en la práctica nos mantenemos en la misma barbarie. Es necesario avanzar hacia sistemas que conduzcan a señalar y sancionar socialmente a los agresores, antes de que la permisividad reinante les ayude a ir más allá en sus actitudes criminales.
Por eso es un contrasentido que haya oposición a iniciativas que tiendan a desarrollar una educación con enfoque de género en escuelas y colegios, donde con frecuencia se potencia el machismo que se convierte en crimen muchas veces. Más que normas nuevas la protección real de las mujeres tiene que incubarse desde los hogares y desde el primer contacto de los niños con la educación formal. Todos los principios de igualdad de género y respeto por la diferencia de sexos son los únicos caminos para evitar que la violencia contra las mujeres se siga presentando.
Ya se ha dado un paso clave al avanzar en ponerle fin al conflicto armado en Colombia, en el que la violación de las mujeres por integrantes de todos los bandos ha sido un arma de guerra. No obstante, mientras persistan “justificaciones” para esas agresiones la cruda realidad será ver cada día nuevos casos que nos llenarán de indignación, y frente a los cuales se prometerán nuevas medidas que se quedarán a mitad de camino.

Desde una perspectiva de salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene definido que en el mundo el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual de pareja o de terceros en su vida. Si no se ataca el corazón del problema en los hogares, logrando bajar la violencia en su interior, será muy complicado dejar atrás esta triste espiral sin fin cuyas víctimas principales son las mujeres.